El sistema de salud en el estado de Oaxaca atraviesa uno de sus momentos más críticos. Miles de personas se encuentran sin acceso a servicios médicos esenciales debido al colapso operativo de hospitales y clínicas adscritas al IMSS-Bienestar, provocado por una combinación alarmante de bloqueos administrativos internos y una deuda millonaria acumulada por el Gobierno federal. La situación ha generado la suspensión de cirugías, tratamientos, análisis clínicos y controles prenatales, exponiendo a comunidades enteras —especialmente en regiones rurales— a un estado de indefensión sanitaria.
Un sistema paralizado por deudas y omisiones
Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el origen del colapso remonta al año 2021, cuando el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) asumió las adquisiciones del sector salud. Desde entonces, la deuda del Gobierno federal con proveedores alcanzó los 8 mil millones de pesos, cifra que se elevó a 12 mil millones tras la desaparición del Insabi en 2023 y el traspaso de responsabilidades al IMSS-Bienestar.
Aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado contener el deterioro mediante adelantos por 4 mil millones de pesos, la estrategia no ha logrado estabilizar el sistema en estados como Oaxaca. La crítica situación pone en entredicho uno de los compromisos centrales de su gobierno: garantizar la cobertura universal y gratuita del sistema público de salud.
Denuncian bloqueo administrativo intencional
Uno de los principales factores que agravan la emergencia es el bloqueo administrativo interno, presuntamente encabezado por el Dr. Adán Pacheco Ramírez, Jefe de los Servicios de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar en Oaxaca. Según denuncias de médicos, proveedores y personal de salud, el funcionario ha impedido la firma de documentos que certifican servicios ya prestados, bloqueando el pago de insumos y nóminas y paralizando operaciones en múltiples unidades.
Esta omisión, calificada por los denunciantes como un “bloqueo deliberado”, ha tenido consecuencias devastadoras. Pacientes con enfermedades crónicas han interrumpido tratamientos vitales, mujeres embarazadas carecen de controles prenatales adecuados y personas con cáncer permanecen a la espera de cirugías o sesiones de quimioterapia que nunca llegan.
Consecuencias sociales y sanitarias de la parálisis
La falta de suministros, medicamentos, estudios de laboratorio y consultas médicas ha erosionado profundamente la capacidad de atención de hospitales y clínicas. De acuerdo con testimonios locales, algunos centros ni siquiera cuentan con el material básico para brindar primeros auxilios. En paralelo, los recursos logísticos y operativos se han agotado, y el personal de salud enfrenta retrasos en pagos o amenazas de despido.
“Venimos a pedir que el Congreso intervenga, porque mientras se retrasa una firma o se bloquea un pago, hay personas que no pueden acceder a una cirugía, a un tratamiento o a un diagnóstico vital”, afirmó Marco Antonio Sánchez López, representante del colectivo “David Cruz López”, durante una audiencia ante la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca.
Acusaciones de interés político y corrupción
Las denuncias van más allá de la negligencia. Algunos testimonios sugieren que el bloqueo administrativo busca reinsertar a antiguos proveedores aliados, presuntamente excluidos por el nuevo modelo. Esta maniobra, de confirmarse, evidenciaría una instrumentalización política de los recursos sanitarios a expensas del bienestar de la población.
La situación ha escalado hasta involucrar a las más altas instancias del IMSS-Bienestar, encabezado por Alejandro Svarch, y ha generado presión sobre la Secretaría de Salud federal. El caso Oaxaca se perfila como un punto crítico en la implementación del nuevo esquema de atención en salud impulsado por el actual gobierno.
Una respuesta ciudadana ante la inacción institucional
Frente a la falta de soluciones por parte de las autoridades, tres colectivos ciudadanos del Istmo de Tehuantepec se movilizaron en busca de respuestas. En abril entregaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que describen la gravedad de la emergencia sanitaria y administrativa.
Los ciudadanos también anunciaron una próxima visita a la Ciudad de México, con el objetivo de reunirse con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y establecer contacto directo con los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López, y del PAN, Ricardo Anaya. Su exigencia es clara: acciones inmediatas y verificables para reactivar el sistema de salud en Oaxaca.
Una advertencia nacional
La crisis en Oaxaca no es un hecho aislado, dado que representa una advertencia estructural sobre los riesgos de una gestión centralizada sin controles operativos efectivos. Si el modelo del IMSS-Bienestar no se ajusta con urgencia para garantizar transparencia, eficiencia y continuidad en la atención, otras entidades federativas podrían experimentar colapsos similares.
Aunque el gobierno ha defendido el modelo como una solución definitiva para superar el desmantelamiento del sistema anterior, los hechos muestran que la transición ha estado lejos de ser ordenada o funcional. La deuda acumulada, la falta de planificación, los conflictos internos y la carencia de respuestas oportunas están debilitando aceleradamente la red pública de salud.
Una prueba de fuego para el gobierno Sheinbaum
La consolidación del IMSS-Bienestar ha sido anunciada como uno de los pilares del sexenio de Claudia Sheinbaum, una bandera de su promesa de equidad y justicia social. Sin embargo, la situación en Oaxaca representa su primera gran prueba en el sector salud. De su respuesta depende no solo el restablecimiento del servicio en una región crítica, sino también la credibilidad del nuevo sistema en su conjunto.
Mientras tanto, miles de personas permanecen sin acceso a servicios básicos de salud, en una entidad donde la pobreza estructural, la lejanía geográfica y la precariedad institucional agravan cada falla del sistema. El derecho a la salud, garantizado por la Constitución mexicana, está hoy en entredicho para buena parte de la población oaxaqueña.
