Entre 2018 y 2024, la industria alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) desplegó una intensa actividad política corporativa (CPA) que condicionó el desarrollo de políticas de salud y nutrición en la región. Según el análisis publicado en Globalization and Health (2025), se documentaron más de 900 ejemplos de prácticas de interferencia en 33 países, con especial énfasis en el etiquetado frontal de advertencia (FOPNL) y la tributación de bebidas azucaradas, dos medidas consideradas por la OMS como altamente costo-efectivas para reducir el consumo de productos ultraprocesados (UPP).
El informe revela un patrón sistemático; los intereses comerciales de grandes corporaciones transnacionales han primado sobre la salud pública, generando barreras al avance de políticas que buscan contrarrestar la creciente epidemia de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (NCDs) en la región.
Un contexto marcado por la expansión de ultraprocesados
La globalización de los sistemas alimentarios ha transformado la dieta en ALC, con un marcado aumento en la disponibilidad y consumo de UPP, caracterizados por su alta densidad calórica, exceso de azúcares, grasas y sodio, y bajo aporte nutricional.
Datos de la OPS evidencian un crecimiento del 26,7% en ventas de ultraprocesados y del 38,9% en compras de comida rápida entre 2000 y 2013, cifras que reflejan el cambio estructural en los patrones de alimentación. Al mismo tiempo, la concentración de recursos en manos de corporaciones transnacionales ha coincidido con la priorización de exportaciones sobre producción local, debilitando a pequeños productores y reduciendo la autonomía alimentaria de los países.
Frente a este panorama, gobiernos de la región han promovido regulaciones para limitar la penetración de los UPP. Sin embargo, el estudio demuestra que la industria ha desplegado estrategias de presión política y mediática para frenar, debilitar o retrasar su implementación.
Políticas bajo mayor interferencia en América Latina
Las políticas de salud pública más afectadas por la CPA incluyen:
- Etiquetado frontal de advertencia (FOPNL): Fue el blanco más recurrente, presente en el 64,5% de los documentos revisados. En México, la evidencia es abundante, con episodios como la carta del CEO de Nestlé (2019), en la que instó a proveedores a “intervenir” contra el FOPNL.
- Tributación de bebidas azucaradas: Identificada en el 38,2% de los documentos, con Brasil como el país con mayor diversidad de tácticas corporativas para obstaculizarla.
- Regulación de publicidad de UPPs: Reportada en el 27,6% de los casos, con ejemplos notorios en México y Perú, donde la industria presionó al Congreso para bloquear la Ley N° 30.021.
- Entornos escolares saludables: Mencionada en el 23,7% de los documentos, reflejando la resistencia a limitar la oferta de UPP en espacios educativos.
El patrón observado muestra que las políticas con mayor potencial de impacto poblacional son también las más combatidas por la industria.
Estrategias de influencia: del cabildeo al patrocinio académico
La revisión identificó cinco mecanismos principales de CPA:
- Acceso e influencia en formulación de políticas (90,8% de los documentos): desde amenazas directas hasta cabildeo legislativo y uso de la “puerta giratoria”. En Colombia, se describieron acciones de la industria para manipular agendas en el Congreso y bloquear proyectos de ley.
- Uso del marco legal (36,9%): mediante litigios o amenazas judiciales, como en Chile, donde se alegó que las restricciones de la Ley de Alimentos violaban la “libertad de expresión comercial”.
- Fabricación de apoyo público (73,7%): creación de grupos fachada y alianzas con universidades, como el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, financiado por Nestlé.
- Producción de evidencia favorable (52,6%): patrocinio de estudios y contratos que condicionaban resultados, como el caso de la ANPRAC en México, que pagó 93 mil dólares a un centro académico para generar evidencia contra impuestos a bebidas azucaradas.
- Nuevas prácticas emergentes: patrocinio de congresos científicos, captura académica mediante contratos directos y cabildeo en gobiernos locales.
Estas estrategias se concentraron en las fases de adopción (42,1%), formulación (35,5%) e implementación de políticas (32,9%), con poca evidencia en monitoreo y evaluación, lo que refleja una debilidad en los sistemas de vigilancia institucional.
Implicaciones para la salud pública
El hallazgo central es contundente: la actividad política corporativa de la industria alimentaria en ALC es sistemática y persistente, y se convierte en un obstáculo directo para el avance de políticas que buscan reducir la carga de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Algunos casos reflejan con claridad el impacto de estas prácticas. En Uruguay, la industria calificó el FOPNL como un riesgo de encarecimiento para los consumidores, posicionando su narrativa como defensa del bolsillo ciudadano. En México, vínculos de altos funcionarios con compañías como Coca-Cola derivaron en la omisión de evaluaciones clave de políticas ya aprobadas.
Estas acciones generan conflictos de interés estructurales que, en ausencia de marcos regulatorios fuertes, limitan la efectividad de las medidas de salud pública.
Recomendaciones y caminos posibles
El estudio plantea cuatro líneas de acción prioritarias para los gobiernos de la región:
- Marcos legales robustos: regular los conflictos de interés entre la industria y los responsables de políticas públicas.
- Mayor transparencia: exigir la publicación de interacciones entre gobiernos y representantes de la industria, siguiendo ejemplos como la Ley de Cabildeo en Chile (2014).
- Monitoreo y evaluación independientes: garantizar que las políticas se midan con rigor y sin interferencia de actores con intereses comerciales.
- Aprender de experiencias previas: replicar mecanismos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que demostró eficacia para frenar la interferencia de la industria tabacalera.
Un aspecto adicional es reconocer y regular la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como herramienta política de la industria. Aunque presentada como estrategia de bienestar, en muchos casos busca “incrementar las ventas de sus productos y transferir la responsabilidad al consumidor”.
Un desafío de escala regional
El informe concluye que la actividad política corporativa de la industria alimentaria no es circunstancial ni fragmentada, sino parte de una estrategia de largo plazo para preservar mercados y debilitar regulaciones. La ausencia de mecanismos de control adecuados permite que estas prácticas se normalicen y erosionen los esfuerzos de salud pública.
La lección es clara; sin regulaciones fuertes, transparencia y vigilancia independiente, la salud pública seguirá subordinada a los intereses corporativos. Los próximos años serán decisivos para determinar si América Latina puede avanzar hacia entornos alimentarios más saludables o si la balanza seguirá inclinándose hacia las estrategias de la industria.
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