México enfrenta el reto de garantizar que, ante futuras pandemias, existan mecanismos financieros claros, oportunos y suficientes para responder sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas ni la continuidad de otras áreas críticas del sistema de salud. Así lo advierte el informe de“Estrategias de financiamiento para preparación y respuesta en caso de pandemia”, publicado en Salud Pública de México (2025), titulado
El documento destaca que tanto la pandemia de influenza AH1N1 en 2009 como la de Covid-19 en 2020 demostraron que “la suposición implícita de que, en caso de necesidad, las autoridades proporcionarían los recursos necesarios” resultó insuficiente y riesgosa. La falta de esquemas explícitos no solo afectó la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sino que expuso a la nación a un “riesgo elevado para la viabilidad de las finanzas públicas”.
Financiamiento: una doble relevancia en la preparación y respuesta
El análisis señala que los aspectos financieros tienen una doble importancia. Por un lado, la efectividad de la respuesta depende de contar con “un plan detallado de actividades de preparación y respuesta, pero también de un esquema de financiamiento que lo sustente”. Por otro, la ausencia de mecanismos definidos impacta directamente en la estabilidad macroeconómica y fiscal del país.
A nivel internacional, este enfoque ha cobrado fuerza desde 2021, cuando el Panel Independiente de Preparación y Respuesta Pandémica de la OMS pidió establecer reglas claras de financiamiento. Más recientemente, las modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional de 2024 reforzaron que la dimensión financiera debe ser tan prioritaria como la clínica y la epidemiológica.
Diferencia entre preparación continua y respuesta extraordinaria en México
El documento propone diferenciar dos tipos de financiamiento:
- Preparación continua: recursos anuales para mantener capacidades operativas, personal entrenado y actividades permanentes de vigilancia.
- Respuesta extraordinaria: fondos activados en emergencias, destinados a cubrir gastos catastróficos imposibles de absorber con el presupuesto ordinario.
Este modelo equipara la gestión financiera de pandemias con la de desastres naturales, donde se requiere tanto inversión preventiva como fondos de emergencia.
Estrategia 1: asegurar financiamiento permanente para la preparación
La primera línea de acción consiste en institucionalizar la preparación con financiamiento sostenido. Noriega-Curtis plantea reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para reconocer la pandemia como un “riesgo relevante para la viabilidad de las finanzas públicas”.
Creación del Programa para la Preparación y Respuesta ante Riesgos Pandémicos (PPRRP)
Este programa funcionaría como vehículo legal y presupuestal para asignar recursos de forma objetiva y transparente. Sería responsabilidad de la Secretaría de Salud su diseño, operación y coordinación con entidades federativas.
Entre los hitos propuestos se incluyen:
- Presentación de la reforma a la LFPRH en el Congreso.
- Inclusión de una partida específica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Firma de acuerdos de coordinación entre la federación y los estados para garantizar financiamiento compartido.
- Publicación de una metodología técnica para calcular los recursos requeridos anualmente.
Estrategia 2: mecanismos extraordinarios para la respuesta
La segunda estrategia busca contar con un esquema automático y transparente para financiar emergencias sanitarias de gran escala. Para ello, se plantea ampliar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales (FEIP).
FEIP como herramienta contra pandemias
La propuesta sugiere modificar la LFPRH, su reglamento y las reglas del FEIP para incluir explícitamente la cobertura de gastos pandémicos. Esto permitiría disponer de recursos de forma rápida, con criterios predefinidos de activación avalados por funcionarios y expertos independientes.
Transferencia de riesgos al mercado financiero
Además del FEIP, se recomienda incorporar esquemas de gestión de riesgos como seguros catastróficos y bonos pandémicos, que permitan trasladar parte de la carga financiera a actores privados y garantizar liquidez inmediata durante una emergencia.
Los hitos en esta estrategia contemplan:
- Publicación de reformas legales y reglamentarias en el Diario Oficial de la Federación.
- Elaboración de metodologías para cuantificar recursos extraordinarios.
- Eventual contratación de seguros o emisión de bonos pandémicos por parte de la Secretaría de Hacienda.
Gobernanza y coordinación: un reto transversal
Asimismo, se enfatiza que estas medidas no deben interpretarse de manera aislada. Su efectividad depende de integrarlas a un marco más amplio de gobernanza, activación de emergencias y presupuestación sanitaria.
El Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Hacienda tendrían roles clave para garantizar que los recursos se activen de manera oportuna y que existan procedimientos con reglas claras y rendición de cuentas. Asimismo, las entidades federativas deben asumir corresponsabilidad en el financiamiento y ejecución del PPRRP.
Relevancia regional y lecciones para América Latina
Aunque el documento se centra en México, sus propuestas resuenan en el contexto latinoamericano, donde la falta de previsión financiera dejó a varios países expuestos durante la pandemia de Covid-19. La diferenciación entre financiamiento de preparación y de respuesta, así como la introducción de instrumentos innovadores como bonos pandémicos, ofrecen un modelo replicable.
De aplicarse, este esquema podría evitar la improvisación presupuestal que históricamente ha obligado a reasignar recursos de otras áreas, como la atención de enfermedades crónicas, afectando la continuidad de servicios esenciales.
Entre tanto, el planteamiento de Noriega-Curtis es claro; México necesita una arquitectura financiera que garantice “recursos oportunos, suficientes y transparentes” en caso de futuras pandemias. El camino propuesto pasa por reformas legales, la creación de un programa presupuestario específico, la ampliación del FEIP y la adopción de mecanismos financieros de transferencia de riesgos.
De implementarse, estas medidas no solo fortalecerían la capacidad de respuesta sanitaria, sino que también blindarían la estabilidad macroeconómica del país frente a emergencias sanitarias, contribuyendo a la resiliencia del sistema de salud mexicano y ofreciendo un referente para otras naciones de la región.
