El Congreso del Estado de Puebla enfrenta un nuevo desafío legislativo tras la legalización de abortos en agosto de 2024; garantizar que los hospitales públicos cuenten siempre con personal médico dispuesto a realizar la interrupción legal del embarazo, aun cuando prevalezca la objeción de conciencia entre algunos profesionales de la salud.
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que la reforma a la Ley Estatal de Salud busca encontrar un equilibrio entre el respeto a las convicciones individuales de los médicos y la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a este derecho para las mujeres.
Reforma en salud: entre derechos reproductivos y libertad de conciencia
La iniciativa, presentada en el Congreso de Puebla, reconoce explícitamente la objeción de conciencia del personal médico, es decir, la posibilidad de negarse a practicar abortos por motivos personales, morales o religiosos. No obstante, establece como obligación que las instituciones hospitalarias cuenten con médicos no objetores que garanticen la prestación del servicio.
“Así cómo tiene que hacerse una relación de los objetores de conciencia para que de esa manera garantizar que en los espacios haya los no objetores de conciencia y se pueda llevar a cabo los procedimientos que se están generando”, subrayó García Chávez.
La legisladora destacó que el objetivo es otorgar certeza jurídica a los médicos, al tiempo que se asegura el cumplimiento del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sostenido la obligación de los estados de garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo en condiciones seguras.
Críticas y apoyos a la propuesta legislativa en Puebla
La propuesta ha suscitado un debate amplio, con reacciones polarizadas. Por un lado, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos respaldan la reforma, al considerar que ofrece un marco claro para que las mujeres accedan al aborto legal sin enfrentar barreras administrativas ni resistencias institucionales.
Por otro lado, sectores conservadores y algunos médicos expresan reservas y señalan que, aunque se respete la objeción de conciencia, la obligación de las instituciones de garantizar al menos un médico no objetor en turno podría generar presiones sobre los profesionales que no comparten la práctica.
García Chávez, sin embargo, pidió que las discusiones se desarrollen “con base en el contenido real de la iniciativa y no en interpretaciones parciales”, reiterando que el objetivo central es proteger simultáneamente los derechos de las mujeres y la libertad de conciencia del personal de salud.
Acceso al aborto en hospitales públicos de Puebla
Tras la legalización del aborto en agosto de 2024, Puebla se unió a la lista de estados que reconocen este derecho en los marcos locales de salud. No obstante, la práctica en hospitales ha evidenciado desigualdades en la disponibilidad de médicos dispuestos a realizar los procedimientos, especialmente en regiones rurales o en instituciones con fuerte influencia religiosa.
La propuesta legislativa responde a este vacío operativo: garantizar que cada hospital público en el estado disponga de personal capacitado y disponible para la interrupción del embarazo, sin que la objeción de conciencia obstaculice el acceso efectivo.
De aprobarse, se establecería un registro de objetores y no objetores dentro de cada institución, lo que permitiría organizar turnos y asegurar la cobertura del servicio en todo momento.
Perspectivas del debate legislativo en Puebla
El Congreso de Puebla mantiene abierto el análisis de la iniciativa, con la expectativa de alcanzar consensos que reflejen tanto la protección de los derechos reproductivos como el respeto a las convicciones personales.
La presidenta del Congreso destacó que “lejos de limitar derechos, la iniciativa refuerza la obligación del Estado de asegurar el acceso al aborto en hospitales públicos de la entidad”.
Especialistas en derecho sanitario señalan que este tipo de reformas son clave para dar operatividad a los fallos de la SCJN y evitar vacíos legales que deriven en prácticas discriminatorias o en la negación de un servicio de salud ya reconocido como derecho.
El debate continuará en las próximas semanas, en un contexto donde Puebla se posiciona como un caso de estudio sobre cómo armonizar derechos individuales y colectivos en la política de salud pública.
