El Gobierno de México, el Congreso de la Unión y el sector productivo alcanzaron un acuerdo integral para la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas calóricas y endulzadas. La medida, anunciada el 16 de octubre de 2025 por la Secretaría de Salud, busca fortalecer la prevención de enfermedades crónicas, reducir el consumo de ultraprocesados y promover opciones más saludables, manteniendo la estabilidad del sector industrial.
El nuevo esquema fija el IEPS en 3.8 pesos por litro para bebidas con azúcar y 1.5 pesos por litro para las que contienen edulcorantes, como parte de la estrategia nacional “República Sana”.
Un acuerdo interinstitucional con visión preventiva
El anuncio fue encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, junto con el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario de Integración Sectorial, Eduardo Clark García Dobarganes. También participaron representantes del sector empresarial, entre ellos Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), y Patricio Caso Prado, de Coca-Cola México.
El acuerdo fue descrito como un consenso multisectorial sin precedentes, que combina medidas fiscales, educativas y regulatorias. Según Kershenobich, el objetivo no es recaudatorio sino “educativo y transformador”, orientado a promover hábitos saludables desde la infancia y fortalecer la corresponsabilidad entre gobierno, industria y sociedad.
Eduardo Clark destacó que el IEPS busca enfrentar la crisis cardiometabólica que vive el país, donde México ocupa el primer lugar mundial en consumo de refrescos, con 166 litros por persona al año. El nuevo impuesto pretende incentivar la reformulación de productos y orientar al consumidor hacia opciones sin azúcar.
¿Qué impacto tendrá el nuevo IEPS en la salud pública y el consumo?
Desde su implementación original en 2014, el IEPS ha demostrado capacidad para modificar los patrones de consumo. Sin embargo, el nuevo acuerdo de 2025 consolida un enfoque integral de salud pública, que combina medidas fiscales con incentivos a la innovación y educación alimentaria.
El impuesto de 3.8 pesos por litro para bebidas con azúcar representa un incremento significativo y busca reducir la demanda en los grupos más vulnerables al sobrepeso y la diabetes tipo 2. En contraste, el gravamen de 1.5 pesos por litro a las bebidas con edulcorantes premia la reformulación industrial, impulsando la transición hacia opciones más saludables sin castigar la competitividad empresarial.
De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), una disminución de apenas 10% en el consumo de bebidas azucaradas podría evitar más de 20,000 muertes por enfermedades crónicas en los próximos diez años. Asimismo, se estima que los ingresos derivados del IEPS podrán destinarse a programas de salud preventiva y educación nutricional, fortaleciendo la capacidad del Estado para intervenir en fases tempranas de la enfermedad.
Compromisos del sector empresarial y corresponsabilidad social
El acuerdo incluye una agenda voluntaria de compromisos asumidos por el sector productivo, orientada a fortalecer la corresponsabilidad. Entre ellos destacan:
- Reducción del contenido de azúcar y calorías en bebidas tradicionales.
- Eliminación de publicidad dirigida a menores de edad.
- Impulso de presentaciones más pequeñas y reformuladas.
- Promoción preferente de productos sin azúcar o con bajo contenido calórico.
El presidente de MexBeb, Andrés Massieu Fernández, afirmó que “la salud pública requiere colaboración intersectorial; asumimos el reto de innovar y orientar al consumidor hacia mejores opciones”. Por su parte, Patricio Caso Prado, de Coca-Cola México, anunció una reducción del 30% en las calorías de su versión regular, además de impulsar el consumo de versiones sin azúcar y retirar toda publicidad dirigida a menores de 16 años. Se estableció, además, una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Salud para el seguimiento técnico de los avances.
¿Cómo se alinea México con las recomendaciones internacionales?
El nuevo esquema fiscal se ajusta a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recomiendan gravar los productos con alto contenido de azúcar como estrategia prioritaria contra la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Países como Reino Unido, Chile y Sudáfrica han reportado resultados positivos tras implementar impuestos similares, con reducciones significativas en el consumo de bebidas azucaradas. México, que fue pionero en la región, consolida ahora un modelo híbrido que combina gravámenes diferenciados, autorregulación y educación sanitaria.
El senador Ricardo Monreal Ávila calificó el acuerdo como “innovador y ejemplar”, al colocar la salud pública por encima de los intereses recaudatorios. Este consenso, además, refuerza la estrategia nacional “República Sana”, basada en prevención, educación y corresponsabilidad.
El acuerdo sobre el IEPS a bebidas calóricas y endulzadas representa un paso decisivo hacia una política pública que prioriza la salud sobre la recaudación. Su éxito dependerá de la vigilancia de los compromisos industriales, la evaluación del impacto en los hábitos de consumo y la sostenibilidad del enfoque educativo a largo plazo.
México avanza hacia un modelo de salud pública preventiva, colaborativo y basado en evidencia, que podría convertirse en referencia regional para la regulación de productos ultraprocesados y el combate a la obesidad.
