Un nuevo estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 coloca al sistema de salud mexicano en una posición crítica. El documento revela que el gasto propuesto para el sector asciende a 918.4 mil millones de pesos, equivalente al 2.5 % del PIB, cifra que representa un recorte real del 11 % frente a 2024 y que se mantiene muy por debajo del 6 % del PIB recomendado internacionalmente.
De acuerdo con el análisis, la reducción no solo limita el avance hacia la Cobertura Universal Sanitaria (CUS), sino que profundiza la desigualdad entre los ciudadanos con y sin seguridad social, comprometiendo la operación de hospitales, la cobertura de vacunación, el suministro de medicamentos y los programas de salud mental. El CIEP concluye que México enfrenta una crisis presupuestaria estructural, agravada por la baja prioridad política y fiscal que el Estado otorga al derecho a la salud.
México invierte menos de la mitad de lo recomendado por la OMS
El estudio enfatiza que México mantiene una brecha estructural superior a tres puntos del PIB respecto al gasto sanitario recomendado por organismos internacionales. Mientras la OMS sugiere destinar al menos el 6 % del PIB a salud, el país apenas alcanza 2.5 %, un nivel comparable al de naciones de ingreso medio bajo.
Según el CIEP, cerrar esa brecha requeriría 3.5 puntos adicionales del PIB, una inversión capaz de fortalecer la infraestructura hospitalaria, modernizar equipos médicos, ampliar plantillas profesionales y asegurar el abasto continuo de insumos.
Sin embargo, el Paquete Económico 2025 evidencia la ausencia de voluntad política y sostenibilidad financiera, al priorizar compromisos inerciales y gasto administrativo por encima de políticas públicas orientadas al bienestar sanitario.
Figura 1. Evolución del gasto público en salud como porcentaje del PIB, 2013–2025. Fuente: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), con datos del PPEF 2025.
La población sin seguridad social: el grupo más golpeado
El recorte más drástico se concentrará en los servicios destinados a la población sin seguridad social, segmento que agrupa a cerca de 60 millones de mexicanos.
La Secretaría de Salud (SSa) registrará una disminución de 34.0 %, equivalente a 34,420 millones de pesos menos, mientras que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) mecanismo esencial para financiar los sistemas estatalescaerá 42.5 %, es decir 60,134 millones de pesos menos.
Aunque el IMSS-Bienestar muestra un incremento de 31,207 millones de pesos, este aumento proviene de traslados administrativos de hospitales y no de una expansión real del financiamiento, por lo que no compensa la reducción global. El CIEP advierte que esta dinámica acentúa la inequidad territorial y limita la capacidad de atención en estados con alta marginación y dispersión geográfica.
Cuadro 1. Gasto público en salud por subsistema, 2025 (millones de pesos). Fuente: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con información de SHCP (2024b) y Transparencia Presupuestaria (2024b).
Programas federales: vacunación, atención médica y prevención en riesgo
El CIEP documenta que todos los programas presupuestarios de la SSa sufrirán recortes. Los más severos corresponden al Programa de Atención a la Salud, que pierde 20,536 millones de pesos, y al Programa de Vacunación, con una caída de 10,056 millones, equivalente al 68.8 % del monto aprobado en 2024.
Otros rubros también retroceden: investigación y desarrollo tecnológico (–16.2%), formación de recursos humanos (–14.7%) y prevención de adicciones (–11.8%).
El único incremento marginal se ubica en Provisiones para proyectos de inversión, con apenas 65 millones de pesos, una cifra simbólica frente a las necesidades del sistema.
Estos ajustes, advierte el informe, ponen en riesgo la continuidad de programas esenciales y pueden revertir los avances alcanzados en inmunización y control de enfermedades transmisibles.
El “Cuadro 2: Programas para población sin seguridad social” complementa perfectamente la narrativa del artículo, ya que muestra con detalle los recortes por programa presupuestario dentro de la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar y el FASSA.
Hospitales e institutos nacionales: la alta especialidad también se contrae
El impacto del ajuste presupuestario alcanza a los hospitales e institutos nacionales, referentes de atención médica de alta complejidad.
Los recortes más significativos afectan al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (–12.3%), al Instituto Nacional de Cancerología (–14.7%) y al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (–19%).
Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), transferidos al IMSS-Bienestar, desaparecen del presupuesto de la SSa, con una pérdida de 8,901 millones de pesos. El CIEP advierte que esta integración complica la trazabilidad del gasto, ya que no existe información pública suficiente para identificar los montos asignados por hospital o región.
Incluso instituciones emblemáticas como el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” experimentarán recortes superiores al 11 %, afectando áreas críticas como oncología, pediatría y cirugía especializada.
Reducción en medicamentos y salud mental: impacto en la atención primaria
El presupuesto para productos farmacéuticos, material médico y de laboratorio se estima en 132,222 millones de pesos, con una disminución de 3.7 % frente a 2024.
La contracción golpea particularmente al IMSS-Bienestar, donde el abasto depende de compras centralizadas. Además, la salud mental vuelve a ser un área despriorizada: el gasto asignado de 3,460 millones de pesos representa un recorte de 13.1%, equivalente a 521 millones menos.
Esta reducción afecta directamente a los Centros de Integración Juvenil, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, instituciones clave en prevención de adicciones y atención psicológica.
El informe subraya que, en un contexto postpandemia, reducir el presupuesto en salud mental equivale a retroceder una década en políticas de bienestar emocional y productividad social.
Gasto per cápita: una brecha que se amplía
El gasto per cápita (gpc) refuerza la desigualdad estructural entre subsistemas.
Mientras los afiliados al IMSS pasarán de $8,573 a $9,635 por persona (+12.4%) y los del ISSSTE de $9,873 a $11,531 (+16.8%), la población sin afiliación formal atendida por IMSS-Bienestar verá su gasto reducirse 24.9%, de $5,625 a $4,225 por persona.
El CIEP advierte que esta diferencia duplica la inversión por paciente entre derechohabientes y población no asegurada, perpetuando la segmentación del sistema y deteriorando la calidad del servicio en los niveles estatal y comunitario.
Aunque el gasto per cápita sin afiliación creció 88% entre 2013 y 2025, sigue representando menos de la mitad del destinado al IMSS, lo que limita los avances hacia un modelo de atención equitativo y sostenible.
Implicaciones estructurales: un sistema más frágil ante la transición demográfica
El estudio advierte que la reducción presupuestaria coincide con un aumento sostenido de la población adulta mayor y de la carga de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer.
En un país donde estas patologías concentran la mayoría de los años de vida perdidos por discapacidad (DALYs), los recortes al gasto público podrían incrementar la mortalidad prematura y la presión hospitalaria, generando costos fiscales a mediano plazo.
El CIEP subraya que la desinversión en salud no representa ahorro, sino una postergación de costos más altos que comprometen el crecimiento económico y la productividad nacional.
Alternativas fiscales: impuestos saludables para compensar los recortes
Como medida de mitigación, el CIEP propone incrementar los impuestos al tabaco y al alcohol a los niveles recomendados por la OMS.
Un aumento de 1 peso al IEPS específico sobre tabaco generaría 16.2 mil millones de pesos, y la actualización de las tasas a 294 pesos por litro de alcohol puro en cerveza, 1,117 pesos en vinos y 240 pesos en destilados podría sumar 31.6 mil millones adicionales.
En conjunto, la recaudación potencial sería de 47.8 mil millones de pesos, monto suficiente para revertir el recorte de 34.4 mil millones de pesos a la SSa.
El centro de investigación considera que etiquetar estos ingresos para salud pública fortalecería la estabilidad presupuestaria y alinearía la política fiscal con los objetivos sanitarios nacionales.
El reto de financiar el derecho a la salud
El informe del CIEP confirma una realidad ineludible: México no financia su sistema de salud conforme a las necesidades de su población.
Con una inversión de apenas 2.5% del PIB, el país invierte menos de la mitad del estándar internacional y acentúa una brecha que compromete la equidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema.
El desafío no es solo presupuestario, sino político: redefinir la salud como una prioridad de Estado y un derecho social exigible, no como un gasto prescindible.
Sin una reforma fiscal progresiva, una planeación multianual y una asignación equitativa entre subsistemas, México seguirá enfrentando una crisis presupuestaria crónica que erosiona el acceso a la atención médica y el bienestar colectivo.
Encuentre aquí el documento completo del CIEP Gasto para salud en 2025
