La Ley Trasciende, iniciativa que propone legalizar la eutanasia y reconocer el derecho a una muerte digna en México, llegó recientemente a la Cámara de Diputados tras ser presentada en el Senado por la activista Samara Martínez, quien enfrenta una enfermedad renal terminal. El proyecto busca reformar la Ley General de Salud para eliminar la prohibición vigente y garantizar que los pacientes con enfermedades incurables o degenerativas puedan decidir sobre el final de su vida con acompañamiento médico, ético y humano.
Una iniciativa respaldada por más de 128 mil firmas
La activista Samara Martínez, acompañada de legisladores de distintos partidos, presentó la Ley Trasciende el pasado martes 28 en el Senado y posteriormente ante la Cámara de Diputados, respaldada por más de 128.000 firmas ciudadanas. La propuesta cuenta con el apoyo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que la convierte en una de las iniciativas con mayor pluralidad política en materia de salud y derechos humanos.
Durante la presentación, el diputado Manuel Vázquez Arellano, legislador de Morena y sobreviviente de Ayotzinapa, expresó su respaldo: “Toda mi solidaridad para este esfuerzo colectivo, para Samara Martínez y para todas las personas que han estado luchando durante años por el derecho a morir con dignidad. Nos sumamos a este esfuerzo”.
Por su parte, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, afirmó que México debe superar los prejuicios históricos en torno a este debate: “Ya no estamos en el México de hace 100 o 300 años, en donde los tabúes y las ideas se nos inculcaban a través del miedo, la ignorancia o la poca fraternidad”.
Los pilares de la Ley Trasciende
La Ley Trasciende plantea una reforma a la Ley General de Salud que busca derogar el artículo 166 Bis 21, el cual prohíbe la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido, considerados actualmente como homicidio por piedad.
El proyecto establece que las personas mayores de edad que padezcan enfermedades terminales, crónicas, degenerativas o discapacitantes puedan decidir sobre el final de su vida bajo condiciones reguladas y seguras.
Para ejercer este derecho, el paciente deberá:
- Contar con dos dictámenes médicos coincidentes que acrediten su estado de salud.
- Estar en pleno uso de sus facultades mentales.
- Expresar su decisión ante notario público y reiterarla cinco días después.
Martínez enfatizó que el objetivo de la ley no es promover la muerte, sino “humanizarla”:
“La Ley Trasciende no busca promover la muerte, busca humanizarla. Busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, y sobre todo con agonía. Porque morir con paz también es un derecho”.
Eutanasia y derecho a decidir: una colisión de derechos humanos
El debate sobre la eutanasia en México enfrenta un complejo equilibrio entre el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, advirtió que el Congreso debe legislar con prudencia ante un tema que involucra principios éticos, religiosos y jurídicos:
“Por un lado, está el derecho a la vida y, por otro, se analizará introducir a la Constitución el derecho a la muerte digna, bajo el entendido de que se honra el valor de la vida y la dignidad de cada persona hasta el último instante”.
La senadora subrayó que la iniciativa demanda una discusión profunda con participación de especialistas en bioética, profesionales de la salud, juristas y organizaciones civiles, para evitar una legislación polarizada o basada únicamente en criterios morales.
Un debate con trasfondo ético, médico y social
En México, la eutanasia continúa siendo un tema tabú pese al avance internacional de las leyes sobre muerte asistida en países como Canadá, España, Bélgica, Países Bajos, Colombia, entre otros.
En el contexto nacional, la legislación vigente solo permite los llamados “cuidados paliativos”, establecidos en la Ley General de Salud, que reconocen el derecho del paciente a rechazar tratamientos que prolonguen la vida, pero sin facultar la intervención médica para provocar la muerte.
La Ley Trasciende busca ir un paso más allá al garantizar un proceso regulado, voluntario y supervisado por profesionales, en el que se privilegie la autonomía del paciente y se elimine la criminalización de los actos de compasión.
El rostro humano detrás de la iniciativa
La impulsora de la ley, Samara Martínez, enfrenta desde hace años una enfermedad renal en etapa terminal, y ha pasado por trasplantes, quimioterapias y diálisis continuas. Su experiencia personal ha sido el motor de una causa que busca reconocer el sufrimiento humano como parte del debate sanitario y no como un asunto meramente religioso o político.
Su activismo ha logrado colocar la conversación sobre la muerte digna en el centro de la agenda pública y legislativa, respaldado por un movimiento ciudadano que demanda empatía, respeto y libertad de elección en el final de la vida.
Una agenda en construcción: los próximos pasos legislativos
Tras su presentación formal, la Ley Trasciende deberá ser turnada a comisiones para su análisis, dictamen y eventual discusión en el pleno. Si es aprobada, se convertiría en un precedente histórico en América Latina, al reconocer el derecho a decidir sobre la muerte como parte integral del derecho a la salud y la dignidad humana.
El debate legislativo no solo pondrá a prueba la madurez política del Congreso mexicano, sino también la capacidad del país para abordar temas de bioética con enfoque en derechos humanos, ciencia médica y acompañamiento social.
En palabras de Samara Martínez, la iniciativa representa una invitación a repensar la salud desde la compasión: “Morir con paz también es un derecho”.
