México atraviesa un momento decisivo en la evolución de su sistema de salud. Tras décadas de segmentación, desigualdad y reformas inconclusas, el país abre una “ventana de oportunidad” para construir un modelo basado en la Atención Primaria de Salud (APS), con la finalidad de garantizar la cobertura universal y fortalecer el derecho a la salud sin distinciones laborales o territoriales.
El ensayo publicado en la revista Saúde em Debate por la investigadora Amanda Firme Carletto propone un análisis técnico sobre la reconfiguración del sistema nacional bajo el modelo MAS-BIENESTAR, liderado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Según la autora, México tiene las condiciones políticas y sociales para implementar cambios estructurales que integren los distintos niveles de atención y prioricen la APS como estrategia fundamental del bienestar colectivo.
“El país tiene la oportunidad de implementar cambios significativos en favor del fortalecimiento de la democracia por la protección de salud a todos los ciudadanos”, destaca el estudio.
Atención Primaria de Salud: eje de equidad y sostenibilidad
La Atención Primaria de Salud en México es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la vía esencial para alcanzar la Cobertura Universal de Salud (CUS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con bienestar y equidad.
Este modelo enfatiza la atención integral, continua y coordinada, así como la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones y el control social de los servicios.
En el contexto mexicano, la APS adquiere una relevancia especial por su potencial de revertir un sistema históricamente fragmentado. Las políticas neoliberales de las últimas décadas, junto con la coexistencia de múltiples subsistemas (IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud), generaron brechas profundas entre los distintos segmentos de la población y una cobertura desigual en los servicios.
Carletto señala que la falta de integración entre niveles asistenciales ha producido duplicidad de acciones, ineficiencia institucional y un creciente desplazamiento de pacientes hacia el sector privado, especialmente hacia los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la atención médica se combina con la venta de medicamentos, generando conflictos de interés y dependencia comercial.
Del Seguro Popular al modelo MAS-BIENESTAR
El artículo traza un recorrido histórico que permite entender la actual transición. En 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud, operado por el Seguro Popular, con el objetivo de cubrir a la población sin seguridad social. Sin embargo, a pesar de sus avances iniciales, el modelo no logró garantizar el acceso efectivo ni reducir la fragmentación del sistema.
La reforma de 2019 a la Ley General de Salud instauró los principios de universalidad y gratuidad de los servicios, abriendo paso a la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-BIENESTAR en 2022. Este nuevo ente asumió la rectoría de la atención médica y hospitalaria para la población sin seguridad social, bajo el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-BIENESTAR), que prioriza la APS como su estrategia estructural.
Actualmente, 23 de los 32 estados ya han transferido sus servicios al OPD, en un proceso progresivo de federalización del sistema de salud. La meta es establecer un Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP) con mayor equidad, eficiencia y cohesión territorial.
Desafíos persistentes del Primer Nivel de Atención
A pesar de los avances normativos, persisten barreras estructurales que limitan el acceso al Primer Nivel de Atención (PNA). La Secretaría de Salud (2021) identificó seis ejes de dificultad: el vacío conceptual de la APS, la insuficiencia de recursos, la débil gobernanza, la falta de redes integradas, la escasa articulación intersectorial y la limitada participación comunitaria.
Estudios complementarios muestran que 71% de los usuarios evita los servicios públicos por problemas de acceso y 21% por percepciones de baja calidad.
Entre los principales obstáculos figuran los largos tiempos de espera (19%), la distancia a las unidades (18%), y la falta de servicios necesarios (11%). Estos factores empujan a la población hacia el gasto de bolsillo y amplían las desigualdades sanitarias, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
Desde un enfoque cualitativo, la autora observa que la falta de medicamentos, la precariedad en infraestructura y la ausencia de personal especializado en los Centros de Salud deterioran la confianza ciudadana en el sistema público. “Las dificultades de acceso se relacionan con la accesibilidad geográfica, la falta de medicamentos básicos y de otros insumos, además de la inadecuada infraestructura”, señala Carletto.
Federalización, gobernanza y equidad territorial
El éxito de la reforma dependerá de la capacidad del Estado para fortalecer la gobernanza sanitaria, promover la coordinación entre niveles de gobierno y consolidar la APS como política pública nacional.
El ensayo propone la formulación participativa de la primera Política Nacional de Atención Primaria de Salud en México, que unifique criterios técnicos, responsabilidades institucionales y lineamientos operativos en los tres niveles de gobierno.
Entre los elementos que debería contemplar esta política destacan:
- Infraestructura y equipamiento diferenciados según tipo de Centro de Salud (rural, urbano o fronterizo).
- Integración de redes de servicios con articulación intersectorial.
- Fortalecimiento del rol de enfermería y farmacia clínica en los equipos básicos.
- Participación ciudadana y control social, a través de comités de salud y módulos de atención comunitaria.
- Uso de tecnologías digitales gratuitas para el monitoreo de indicadores clínicos y colectivos.
La propuesta se alinea con el modelo de los Distritos de Salud para el Bienestar (DSB), que busca territorializar la gestión y mejorar la comunicación entre federación, estados y comunidades.
El papel de la formación en salud y los equipos interdisciplinarios
Uno de los componentes más innovadores del proceso es el impulso a la educación interprofesional y la integración entre docencia, servicio y comunidad. El Ministerio de Salud ha promovido la incorporación progresiva de la APS en los planes de estudio de medicina, enfermería y farmacia, así como la reformulación de las residencias médicas para desarrollar competencias territoriales y sociales.
La autora enfatiza la necesidad de revalorizar la medicina familiar, expandir el rol de la enfermería, integrar a los farmacéuticos en la gestión de medicamentos y fortalecer el trabajo comunitario de las promotoras de salud. Estas transformaciones, afirma deben estar acompañadas de inversión, liderazgo local y participación social efectiva.
“Luchar por la justicia social y por la solidaridad implica asumir que la salud no puede ser un privilegio: debe ser un derecho social garantizado por el Estado.”
Más inversión pública y visión a largo plazo
El documento advierte que la renovación estructural del sistema no podrá concretarse sin un incremento sostenido del financiamiento público. La integración y universalización del modelo demandan una acción política de largo alcance, articulación interinstitucional y liderazgo constante en todos los niveles gubernamentales.
La transición hacia un sistema único basado en la APS requiere, además, diseños adaptados al contexto mexicano, con enfoque en equidad territorial, diversidad cultural y resiliencia climática. El fortalecimiento de la infraestructura, la contratación de personal y la garantía de insumos médicos son pasos imprescindibles para consolidar la confianza en la red pública.
El estudio concluye que México se encuentra ante un momento histórico para reconfigurar su sistema de salud. La Atención Primaria de Salud en México se presenta como el pilar para alcanzar la universalización, reducir las desigualdades y garantizar la justicia sanitaria.
“México tiene una ventana de oportunidad abierta para avanzar hacia un sistema único de salud basado y coordinado por la APS”, subraya Carletto.
El futuro del sistema dependerá, en gran medida, de la continuidad de las inversiones públicas, la coordinación entre actores y el compromiso de los trabajadores e instituciones de salud. La transición hacia el modelo MAS-BIENESTAR representa no solo una reforma administrativa, sino un cambio cultural y social orientado a que la salud sea un derecho universal, no un privilegio.
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