La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) ha intensificado sus esfuerzos para asegurar que los anexos o centros residenciales para el tratamiento de adicciones en México operen conforme a la normatividad vigente y bajo un estricto respeto a los derechos humanos. Desde 2018, la Conasama, en colaboración con sus representaciones estatales, ha realizado más de ocho mil visitas a estos establecimientos, con el objetivo de verificar su cumplimiento y proporcionar las capacitaciones necesarias para mejorar la calidad de la atención ofrecida.
En el marco de la 7ª Reunión Nacional con enlaces de establecimientos residenciales de las Comisiones Estatales de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Quijada Gaytán, titular de la Conasama, subrayó la importancia de profesionalizar estos centros y de adherirse a un modelo de atención que respete los derechos humanos de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas. «Hacemos un llamado para que los anexos o centros residenciales para el tratamiento de adicciones se profesionalicen y se apeguen a la normatividad sobre la base de los derechos humanos,» enfatizó Quijada Gaytán.
Más de 54 mil capacitaciones para fortalecer la normatividad
El trabajo de la Conasama no se ha limitado a la supervisión; también ha sido fundamental en la capacitación de los actores involucrados. Desde 2018, se han realizado más de 54 mil capacitaciones dirigidas a los centros residenciales, con el fin de fortalecer su capacidad para operar dentro del marco normativo y con un enfoque centrado en los derechos humanos. Adicionalmente, se han emitido diversos documentos técnicos y normativos que proporcionan un marco de referencia claro para la atención de las personas usuarias de estos servicios.
La Conasama ha contado con el apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estas colaboraciones han sido fundamentales para asegurar que los centros residenciales no solo cumplan con la normatividad sanitaria, sino que también respeten los derechos humanos de sus usuarios. Quijada Gaytán reiteró que «trabajamos para que puedan operar bajo los estándares de derechos humanos», e invitó a los centros a acercarse a la Conasama y a sus representaciones estatales para trabajar en conjunto.
La Perspectiva de derechos humanos en el tratamiento de adicciones
Durante la reunión, Froylán Vladimir Enciso Higuera, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, enfatizó que las personas que consumen sustancias psicoactivas deben recibir atención desde una perspectiva de derechos humanos, alejándose de la visión punitiva que ha prevalecido históricamente. Esta visión fue compartida por otros participantes, quienes destacaron la importancia de evitar la violación de la dignidad y los derechos humanos tanto de los consumidores como de sus familias.
Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), agregó que solo con una óptica comunitaria, de género y de derechos humanos será posible conectar de manera efectiva con las personas que requieren atención por consumo de sustancias o por problemas de salud mental. Este enfoque es crucial para derribar el estigma que rodea a las personas con consumo problemático de sustancias, permitiendo que sean canalizadas a servicios de atención adecuados, como los 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones gratuitos que ofrece la Conasama en todo el país.
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, destacó que las mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas enfrentan una estigmatización y condena social más pronunciadas, lo que agrava su situación y limita su acceso a servicios de atención. La incorporación de la perspectiva de género, junto con un enfoque en derechos humanos, es fundamental para ofrecer una atención integral que considere las necesidades específicas de las mujeres y otros grupos vulnerables.
Reforma a la ley general de salud: avances y desafíos
Un aspecto clave discutido durante la reunión fue la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, publicada en mayo de 2022. Esta reforma establece la eliminación de los internamientos involuntarios y garantiza que el consentimiento informado sea la base sobre la cual se proveen los servicios de tratamiento. María Sirvent Bravo Ahuja, directora de Documenta A.C., destacó la importancia de esta reforma para asegurar que los derechos humanos sean un pilar central en la atención a las adicciones.
