El Gobierno de México pondrá en operación 31 nuevos hospitales y 12 clínicas y Unidades de Medicina Familiar. Este esfuerzo histórico, encaminado a garantizar el derecho constitucional a la salud, incluye la reactivación de 256 quirófanos, programas de atención comunitaria en zonas de difícil acceso y una inversión global que supera los 92 500 millones de pesos.
Expansión histórica de la red hospitalaria
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en el periodo señalado, 31 hospitales y 12 clínicas de medicina familiar entrarán en funcionamiento bajo los esquemas del IMSS, el ISSSTE y el programa IMSS-Bienestar. Con esta medida, el Gobierno busca reducir la brecha de infraestructura que dejaba a México con apenas 1.0 cama hospitalaria por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio de 4.3 camas en la OCDE. El paquete forma parte de un plan de 51 hospitales previstos para 2025-2027, de los cuales 20 comenzarían a construirse antes de 2026.
Reactivación quirúrgica y mejora operativa
Además de la nueva infraestructura, se rehabilitarán y equiparán 256 quirófanos inactivos por falta de recursos y personal. Con una inversión de 2 500 millones de pesos, estos quirófanos recibirán equipamiento de alta tecnología y contarán con personal médico y de enfermería especializado. Se espera que, una vez en operación, incrementen la capacidad quirúrgica nacional en un 18 %, al permitir realizar procedimientos complejos en regiones que carecían de instalaciones adecuadas.
Inversión millonaria y financiamiento estratégico
Para la construcción y equipamiento de los 31 hospitales se destinaron 50.000 millones de pesos, mientras que los 20 hospitales adicionales (2026-2027) cuentan con 40.000 millones más. Este financiamiento proviene del presupuesto federal ordinario y de fondos de infraestructura etiquetados en el PEF 2025, con énfasis en la inversión pública directa para salud. Al movilizar más de 90.500 millones de pesos, el Ejecutivo refrenda el enfoque de ver la salud como un derecho irrenunciable, alejándose de modelos basados en el pago por servicio.
Cobertura y avances a la fecha
Al cierre de julio de 2025, ya operan 13 de los hospitales previstos y 9 clínicas de medicina familiar en estados como Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Sonora, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua. Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, confirmó que los 18 hospitales restantes y 3 clínicas adicionales estarán listos antes del 31 de diciembre, priorizando zonas con alta marginación como el Istmo de Tehuantepec y la Sierra Tarahumara.
Principales beneficiarios: clínicas y hospitales emblemáticos
Entre las unidades que entrarán en operación antes de diciembre destacan:
- Hospital General de Zona “San Alejandro” (IMSS) en Puebla, Puebla.
- Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos (IMSS) en Veracruz.
- Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, Jalisco.
- Unidad de Medicina Familiar “Cerro Gordo” (IMSS) en Ecatepec, Estado de México.
- Hospital Comunitario de Maruata en Michoacán.
- Hospital General Actopan en Guerrero.
Estos proyectos buscan no solo expandir la cobertura, sino elevar la calidad de la atención especializada en regiones prioritarias
Iniciativas complementarias de salud comunitaria
Para reforzar la atención en zonas con escasez de especialistas, se impulsa el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual brigadas médicas móviles han realizado más de 2.2 millones de consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. Complementariamente, se implementan unidades de teleconsulta y campañas de vacunación itinerante.
Estas acciones permiten nutrir una base de datos de historias clínicas especializadas y fortalecen la primera línea de atención en comunidades rurales y periurbanas, reduciendo traslados costosos y mejorando la continuidad del cuidado.
En conjunto, estas medidas representan un paso decisivo hacia la implementación efectiva del derecho a la salud en México. El reto para 2026 y siguientes radica en consolidar la operación permanente de estos centros, asegurar la retención de personal especializado y articular el financiamiento con sistemas estatales y municipales. Solo así la inversión en infraestructura se traducirá en mejores indicadores de salud, equidad de acceso y satisfactores reales para la población.
