La Ley Nicole avanza en el Senado de la República como una propuesta para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, tras el fallecimiento de una adolescente de 14 años en Durango durante un procedimiento de aumento de busto. La iniciativa, impulsada por la senadora Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea sanciones penales y administrativas para quienes realicen intervenciones sin justificación médica y busca establecer protocolos de evaluación psicológica previa en casos reconstructivos. Con más de un millón de procedimientos estéticos anuales en el país, México se enfrenta a la urgente necesidad de regular una práctica que ha crecido sin controles uniformes y con riesgos clínicos y éticos evidentes.
El origen de la Ley Nicole: una tragedia que encendió el debate nacional
El caso de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en Durango, generó conmoción y abrió un debate sobre la falta de regulación en los procedimientos estéticos practicados en menores de edad. De acuerdo con la senadora Corona Nakamura, la iniciativa surge de la necesidad de “cerrar el paso a una práctica que se ha normalizado entre familias, influenciadores y clínicas, sin considerar las consecuencias físicas y emocionales en personas que aún están en desarrollo”.
Según cifras de la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SMCPER), México realizó más de 1 millón de cirugías estéticas en 2017, lo que ubica al país entre los tres primeros lugares del mundo en volumen de procedimientos. Esta cifra revela el crecimiento sostenido de una industria que, aunque genera importantes ingresos, enfrenta deficiencias en control sanitario, certificación profesional y evaluación psicológica previa.
Prohibición y sanciones: contenido clave del proyecto de ley
La Ley Nicole establece que quedará estrictamente prohibida cualquier intervención estética en menores de 18 años que no tenga un propósito reconstructivo o correctivo. Entre los casos permitidos se incluyen labio leporino, malformaciones congénitas o secuelas de lesiones físicas.
Así mismo, el proyecto propone sanciones penales y administrativas para los profesionales y establecimientos que incumplan la norma: desde multas económicas hasta penas de prisión que podrían alcanzar los 9 años, y hasta 37 años si la cirugía provoca la muerte del paciente.
El documento legislativo plantea también la obligación de una evaluación psicológica antes de cualquier procedimiento, así como la participación del tutor legal y la presentación de un dictamen médico especializado que justifique la intervención.
Evaluación médica y psicológica: prioridad para proteger el desarrollo infantil
Uno de los ejes más relevantes del proyecto radica en la protección integral del desarrollo físico y emocional de los menores. La senadora Corona Nakamura propone que las intervenciones reconstructivas sean autorizadas únicamente tras un diagnóstico emitido por especialistas certificados y con la participación de un psicólogo clínico infantil o adolescente.
El objetivo es evitar que las cirugías se utilicen como respuesta a la presión social o mediática, especialmente en una era marcada por la exposición en redes sociales, donde los estándares de belleza generan distorsiones en la autoimagen. En este contexto, el dictamen pretende fortalecer el acompañamiento médico multidisciplinario, garantizando decisiones informadas y seguras.
Riesgos médicos y éticos en la práctica estética sin regulación
La práctica de cirugías cosméticas en adolescentes con fines meramente estéticos expone a los pacientes a riesgos anestésicos, hemorragias, infecciones y complicaciones cardiovasculares, especialmente cuando se realizan en entornos sin licencia sanitaria o por personal no certificado.
Un informe académico del Hospital Ángeles Lomas advierte que el riesgo de mortalidad en procedimientos de cirugía plástica se incrementa hasta en 300% cuando no hay supervisión de especialistas certificados, lo que subraya la necesidad de un control más estricto.
De igual manera, la iniciativa apunta a la ética profesional, estableciendo que los médicos deben abstenerse de ofrecer o publicitar procedimientos en menores por motivos estéticos. Esta práctica, según expertos en bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contraviene los principios de no maleficencia y autonomía informada cuando el paciente no ha alcanzado la madurez emocional suficiente para decidir sobre su cuerpo.
Impacto en el sector salud: responsabilidad clínica y control institucional
La aprobación de la Ley Nicole implicará transformaciones operativas y normativas para hospitales, clínicas estéticas y profesionales de la salud. Las instituciones deberán reforzar sus protocolos de admisión, registro de consentimiento informado y verificación de edad, además de establecer controles documentales que acrediten el carácter reconstructivo del procedimiento.
De igual modo, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS podrían implementar mecanismos de supervisión más rigurosos sobre licencias, acreditaciones y publicidad de servicios estéticos. Esto supone una mayor trazabilidad clínica y administrativa, que busca proteger la integridad física y mental de la población infantil y adolescente.
Senado debatirá la Ley Nicole y clínicas ajustan protocolos ante su eventual aprobación
La discusión de la Ley Nicole entrará en su fase decisiva en el Senado de la República, donde legisladores de distintas bancadas han manifestado su apoyo a la iniciativa. De concretarse, la propuesta marcará un nuevo estándar nacional en la práctica de la cirugía estética, al imponer mayores exigencias sanitarias, psicológicas y éticas para los procedimientos en menores de edad. En anticipación, clínicas, asociaciones médicas y autoridades regulatorias ya trabajan en la actualización de manuales internos, licencias y criterios de evaluación, con la mira puesta en fortalecer la seguridad de los menores y la ética profesional en todo el sistema de salud mexicano.
