El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 prevé un aumento del 5.9% en términos reales de recursos para el sector salud respecto a 2025. Sin embargo, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), este incremento no compensa la fuerte reducción del año anterior ni alcanza el gasto efectivamente ejercido en 2024, que fue 4.7% superior al monto propuesto para 2026.
Este comportamiento presupuestal prolonga un subfinanciamiento estructural que afecta la capacidad del sistema sanitario mexicano para garantizar atención universal y oportuna. Según el CIEP, el gasto público en salud se mantendría entre 2.6% y 3.4% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la cobertura universal y una atención integral.
El limitado crecimiento presupuestal restringe la capacidad del Estado para enfrentar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, que continúan siendo las principales causas de mortalidad y discapacidad en el país.
La dependencia además exhortó a la población que lo requiera a acudir al centro de salud más cercano, recordando que la aplicación del biológico es completamente gratuita.
IMSS concentra el aumento mientras otras áreas pierden recursos
El IMSS se perfila como el principal beneficiario del incremento propuesto, con 58,213.9 millones de pesos adicionales. No obstante, este aumento contrasta con los recortes en otras áreas del sistema.
La Secretaría de Salud (SSa) sufriría una disminución de 2,228.6 millones de pesos, lo que refleja una reasignación de recursos que prioriza la operación institucional sobre los servicios directos a la población.
Aunque los hospitales e institutos nacionales de alta especialidad registrarían un aumento del 7.9% frente a 2025, el monto total continúa 26.5% por debajo del gasto ejercido en 2024, lo que equivale a 10,799 millones de pesos menos.
Institutos Nacionales: recortes en las áreas más críticas del sistema hospitalario
Los institutos nacionales de salud, pilares de la atención médica altamente especializada y de la investigación biomédica en México, son los más afectados por el ajuste. Entre los recortes más relevantes frente a 2024 destacan:
- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: -33%.
- Instituto Nacional de Cancerología: -32%.
- Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez: -31%.
Estas tres instituciones concentran la atención de los padecimientos crónicos y oncológicos más graves, responsables de la mayor pérdida de años saludables por discapacidad o muerte prematura. El impacto financiero compromete no solo la atención clínica, sino también la capacidad de investigación, formación médica y respuesta ante emergencias sanitarias.
Recorte en salud mental: una brecha que profundiza la desigualdad
En un contexto en el que la salud mental se ha convertido en un componente esencial del bienestar y la productividad social, el PPEF 2026 reduce 90.9 millones de pesos (-2.5%) frente a 2025, y 13.8% menos que en 2024.
El presupuesto asignado a este rubro representaría apenas 1.5% del gasto conjunto de la SSa e IMSS Bienestar, una cifra muy inferior al 5% recomendado por la OMS. Esta disminución contrasta con el aumento de la demanda por atención psicológica y psiquiátrica, que se ha intensificado tras la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el CIEP, el recorte “profundiza la brecha de atención en una de las áreas con mayor rezago institucional”, especialmente en regiones con baja cobertura y escasez de profesionales de salud mental.
Medicamentos y materiales médicos: rezago persistente
Si bien el gasto total en medicamentos e insumos médicos muestra un crecimiento del 9.8% frente a 2025, aún se mantiene 7.1% por debajo del nivel de 2024, lo que limita la capacidad de respuesta de hospitales y unidades médicas.
El IMSS Bienestar, responsable de atender a la población sin seguridad social, aproximadamente 65 millones de personas, sería el más afectado, con una reducción de 2,267 millones de pesos, equivalente a una caída del 74% en partidas esenciales.
Este ajuste impacta directamente en la compra y distribución de medicamentos, material quirúrgico y equipo médico, lo que podría agravar los problemas de desabasto reportados en años recientes.
El costo social del subfinanciamiento en salud
Con 63.3% de la población mexicana reportando carencia por acceso a servicios de salud en 2024, el recorte real del 4.7% frente al gasto ejercido en 2024 compromete los avances hacia la Cobertura Universal Sanitaria (CUS) y limita la respuesta ante emergencias epidemiológicas.
El CIEP advierte que México se mantiene en una trayectoria de insuficiencia presupuestaria crónica, justo en un contexto de transición demográfica (envejecimiento poblacional) y de expansión de enfermedades no transmisibles.
La organización concluye que, sin un aumento sostenido del gasto en salud, “el sistema corre el riesgo de perpetuar inequidades y reducir su capacidad de atención, especialmente para la población sin seguridad social”.
En conjunto, el IMSS Bienestar y la SSa perderían 1,819 millones de pesos destinados a medicamentos e insumos médicos, una situación que tensiona aún más la capacidad operativa de los servicios públicos de atención primaria.
Un presupuesto que requiere revisión estructural
El PPEF 2026 confirma un sesgo institucional hacia el sostenimiento operativo del IMSS, en detrimento de la red hospitalaria, la salud mental y el acceso equitativo a medicamentos.
Expertos señalan que, aunque el incremento nominal aparenta una expansión presupuestal, la pérdida de poder adquisitivo, los recortes en áreas estratégicas y la falta de inversión en infraestructura sanitaria revelan un sistema que continúa funcionando con márgenes mínimos.
El reto, según el CIEP, es avanzar hacia un esquema de financiamiento progresivo y sostenible, que garantice atención de calidad y reduzca las brechas históricas entre la población asegurada y la no asegurada.
México enfrenta así el desafío de revisar la estructura y prioridades del gasto en salud, en un contexto donde el financiamiento insuficiente no solo pone en riesgo la cobertura, sino también el principio constitucional del derecho universal a la salud.
