La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir de manera definitiva los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. El proyecto plantea sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2.000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes produzcan, distribuyan o comercialicen estos productos.
La medida da cumplimiento a la reforma constitucional de 2024, que ya había prohibido la venta y el uso de vapeadores, y al mismo tiempo introduce ajustes en la planeación hospitalaria, la adquisición consolidada de medicamentos y el fortalecimiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se trata de un giro regulatorio de gran alcance que busca proteger la salud pública y modernizar la gestión sanitaria en el país.
Prohibición total con sanciones penales
El corazón de la iniciativa es la penalización de la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Por primera vez, estas actividades se tipificarán como delitos que podrán castigarse con penas de cárcel. La propuesta establece sanciones que van desde un año de prisión hasta ocho años, acompañadas de multas que oscilan entre 100 y 2.000 UMA, es decir, desde aproximadamente 11.000 hasta más de 220.000 pesos mexicanos.
La intención del gobierno es cerrar cualquier resquicio legal que permita la operación de un mercado que, pese a los decretos y restricciones previas, ha seguido creciendo en canales formales e informales. Las autoridades han señalado que la proliferación de vapeadores en tiendas, redes sociales y comercios clandestinos ha convertido el problema en una amenaza directa para la salud de adolescentes y adultos jóvenes.
Riesgos para la salud y evidencia científica
La iniciativa se fundamenta en la creciente evidencia médica sobre los riesgos asociados a estos dispositivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los vapeadores contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que producen adicción, afectan el sistema respiratorio y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
En México, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) muestran que más del 5% de los adolescentes ha probado vapeadores y cerca del 1,2% los usa con frecuencia. Esta tendencia al alza preocupa a médicos y académicos, que alertan sobre una nueva puerta de entrada a la adicción a la nicotina en población joven, con efectos a largo plazo en salud respiratoria y dependencia.
Reforma con alcance estructural
Más allá de la prohibición, la propuesta presidencial incluye cambios relevantes en la Ley General de Salud. Se busca otorgar a la Secretaría de Salud un rol central en la planeación, sustitución y ampliación de infraestructura hospitalaria, así como en la contratación consolidada de medicamentos y equipos de alta complejidad.
El fortalecimiento de la Cofepris ocupa un lugar clave en la iniciativa. La reforma plantea ampliar sus atribuciones, simplificar procesos regulatorios y acelerar trámites, con el fin de que el organismo pueda responder con mayor agilidad a los retos sanitarios y facilitar el cumplimiento regulatorio por parte del sector privado. Estas modificaciones buscan modernizar la gobernanza del sistema de salud y garantizar mayor control estatal en la regulación de insumos estratégicos.
Debate entre salud pública y libertades
La iniciativa abre un debate intenso entre defensores de la salud pública y sectores que abogan por las libertades individuales. Para los especialistas, la propuesta representa un avance en la protección de jóvenes frente a productos que generan adicción. Sin embargo, asociaciones de consumidores sostienen que los vapeadores pueden ser menos dañinos que el tabaco convencional y que una prohibición absoluta podría empujar a los usuarios hacia mercados ilegales sin control sanitario.
México, con esta medida, se distancia de otros países que han adoptado regulaciones intermedias, como impuestos especiales o restricciones de publicidad, al optar por un marco legal punitivo y severo que podría sentar un precedente en América Latina.
Contexto internacional
La iniciativa mexicana no surge en el vacío. Forma parte de una tendencia regional hacia regulaciones más estrictas. Argentina mantiene desde 2011 la prohibición de importación, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos. En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) prohibió desde 2009 la comercialización, importación y publicidad de vapeadores.
La decisión de México refuerza esta línea de acción en América Latina y busca posicionar al país como líder regional en políticas de control de productos nocivos. Para las autoridades, se trata de enviar una señal clara de que el Estado asumirá un papel activo en la protección de la salud pública frente a tecnologías emergentes que, pese a su popularidad, representan riesgos comprobados.
Retos para la implementación
La aprobación e implementación de la reforma no está exenta de desafíos. Uno de los riesgos es la expansión del mercado negro, que podría aprovechar la prohibición para aumentar la distribución clandestina. Otro reto es la capacidad de vigilancia de Cofepris y autoridades locales, que necesitarán recursos adicionales para supervisar el cumplimiento. Asimismo, la tipificación penal podría incrementar la carga judicial, al sumar nuevos delitos a un sistema que ya enfrenta altos niveles de saturación.
Estos elementos muestran que la prohibición deberá acompañarse de estrategias educativas, campañas de prevención y mecanismos de control más eficaces para que las sanciones sean realmente disuasorias.
Un debate decisivo para la política sanitaria en México
La iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum no solo busca prohibir los vapeadores con sanciones ejemplares, sino que también plantea una transformación en la forma en que el Estado regula y planifica el sistema de salud. El Congreso tendrá en sus manos la definición de un marco legal que podría colocar a México entre los países más estrictos de América Latina en materia de control de productos nocivos, con implicaciones directas en la salud pública, el comercio y la gobernanza sanitaria. El desenlace legislativo marcará si esta propuesta se convierte en una herramienta efectiva de protección poblacional o en el inicio de un nuevo capítulo de retos para la implementación y la vigilancia regulatoria.
