La asignación de plazas médicas en el estado de Puebla ha sido objeto de controversia en los últimos días, luego de que trabajadores del sector salud denunciaran, mediante un documento oficial, presuntas irregularidades en los procesos escalafonarios realizados por la Secretaría de Salud estatal. Entre los señalamientos, se acusó a la Dirección de Operación del Personal y a la Comisión Mixta de Escalafón de asignar una plaza de Médico General C a una trabajadora del área de Sanidad Internacional sin convocar un concurso previo.
De acuerdo con los denunciantes, la asignación habría vulnerado los principios de transparencia y equidad en el acceso a las oportunidades laborales dentro del sistema público de salud, lo que generó inquietud entre el personal médico y administrativo.
Respuesta oficial: procedimiento validado y conforme a la normativa vigente
Frente a estas acusaciones, la Secretaría de Salud del estado de Puebla emitió un pronunciamiento institucional en el que descartó cualquier irregularidad en el proceso de asignación señalado. Según la dependencia, la promoción otorgada fue el resultado de un movimiento escalafonario completamente legal.
“Tras una revisión minuciosa del caso, se confirmó que el movimiento escalafonario otorgado a una trabajadora, quien actualmente desempeña funciones como Médico General C en el área de Sanidad Internacional, se realizó conforme a la normatividad vigente y en estricto apego a los procedimientos establecidos”, expresó la entidad de salud.
La institución también aclaró que la trabajadora beneficiaria del cambio cuenta con más de 27 años de antigüedad en los Servicios de Salud del Estado de Puebla, desempeñándose como Médico General A desde su ingreso. La promoción a Médico General C, efectuada el 1 de octubre de 2024, representó su primera promoción laboral, de acuerdo con los registros de la Secretaría.
Formalización del proceso: validación sindical y acta de respaldo
Uno de los puntos centrales de la defensa institucional radica en la existencia de un acta oficial que respalda el movimiento de escalafón. Esta acta fue suscrita el 18 de septiembre de 2024 y cuenta con la validación de la representación sindical y de las autoridades de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.
La Secretaría sostuvo que este documento da cuenta del cumplimiento de los lineamientos escalafonarios establecidos, garantizando así la legalidad del proceso. En ese sentido, la dependencia reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector salud en Puebla.
A raíz de esta controversia, la Secretaría de Salud reiteró que todos los procesos de asignación de plazas médicas y escalafón se realizan bajo criterios normativos claramente definidos, con mecanismos de supervisión interna y participación sindical. “Cada proceso se realiza con estricto apego a los procedimientos establecidos”, enfatizó la autoridad.
El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, subrayó además que continuará garantizando condiciones laborales equitativas, asegurando que las promociones se otorguen en función de la trayectoria, el mérito y la normativa vigente, desestimando así cualquier intento de manipulación o favoritismo.
Contexto: escalafón, transparencia y retos en los sistemas de salud estatales
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de exigencias de mayor transparencia en los sistemas estatales de salud en México. El proceso de escalafón que permite el ascenso progresivo del personal en función de su experiencia, formación y desempeño es clave para garantizar la equidad y la motivación del talento humano en salud. Sin embargo, su implementación ha sido históricamente cuestionada en algunos estados por presuntas prácticas discrecionales.
Puebla ha sido uno de los estados que ha buscado fortalecer sus procesos administrativos y laborales en el sector salud, en línea con las exigencias de transparencia pública. En este sentido, la validación conjunta entre las autoridades estatales y los representantes sindicales, así como la existencia de documentación formal que respalde las promociones, son elementos relevantes para evaluar la legalidad de los procedimientos.
