La aprobación de la One Big Beautiful Bill por parte del Congreso, impulsada por la administración Trump, representa un ajuste histórico en la manera en que Estados Unidos financia la salud pública. Los recortes supone la eliminación de más de 550 millones de dólares en fondos federales para programas de salud y respuesta ante pandemias, y un recorte proyectado superior a 1 billón de dólares en Medicaid en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Con estas disposiciones, los estados deberán absorber costos crecientes en un contexto de ingresos limitados, lo que ya provoca la suspensión de clínicas comunitarias, la reducción de programas de salud mental y un debilitamiento de la investigación biomédica. Más de 7,5 millones de personas corren el riesgo de perder su cobertura, poniendo en entredicho la capacidad del país para sostener un sistema equitativo y resiliente.
Texas y el fin de una tradición sanitaria
El caso de Texas ilustra con claridad los efectos de los recortes. La Operación Salud Fronteriza, un evento anual que durante más de 25 años ofreció atención gratuita a comunidades del Valle del Río Grande, fue cancelada tras la reducción de fondos federales.
“Hay personas que esperan todo el año este servicio; para muchos es la única oportunidad de acceder a consultas y medicamentos”, afirmó Dairen Sarmiento Rangel, directora de Salud y Servicios Humanos del condado de Hidalgo. La decisión expone cómo los ajustes federales golpean de forma inmediata a comunidades vulnerables que dependen de iniciativas locales y del trabajo voluntario de profesionales de la salud.
Medicaid: el centro de la tormenta
El programa Medicaid será el más afectado. De acuerdo con la CBO, la reducción alcanzará más de 1 billón de dólares en diez años, lo que derivará en la pérdida de cobertura para al menos 7,5 millones de beneficiarios.
Las nuevas reglas incluyen requisitos laborales y revisiones de elegibilidad más estrictas, lo que traslada a los estados la responsabilidad de sostener la atención de personas de bajos ingresos, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Esta reconfiguración amenaza con revertir los avances logrados con la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Estados a la defensiva: respuestas desiguales
Cada estado ha optado por estrategias distintas frente a la reducción presupuestaria:
- En Hawái, se aprobó un fondo de 50 millones de dólares para apoyar a organizaciones comunitarias de salud y servicios sociales.
- En Delaware, la cancelación de proyectos de infraestructura pública permitió destinar recursos a programas de atención social.
- Nuevo México creó un fondo fiduciario bipartidista para blindar el financiamiento de Medicaid y CHIP.
- Colorado autorizó el uso de fondos estatales en clínicas de Planned Parenthood tras la prohibición federal de destinar recursos a servicios de salud reproductiva.
- Luisiana asignó 7,5 millones de dólares a universidades estatales para suplir la pérdida de recursos federales en investigación.
Estas medidas reflejan la disparidad de capacidades fiscales entre estados y anticipan un escenario de inequidad territorial en el acceso a la salud.
Programas colaterales: más allá de Medicaid
El impacto de la ley no se limita a Medicaid. La administración Trump busca recuperar 11.000 millones de dólares en fondos de pandemia ya utilizados, redujo en 1.000 millones de dólares las subvenciones para salud mental en escuelas y suspendió apoyos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
que beneficiaban a más de 90 universidades públicas.
Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en KFF, señaló que “los estados enfrentan no solo recortes masivos a Medicaid, sino también reducciones más pequeñas pero significativas en salud pública, que debilitan la capacidad de vigilancia epidemiológica y respuesta ante brotes”.
Un debate político polarizado
El enfrentamiento político es inevitable. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul denunció que los ajustes significan pérdidas de 13.000 millones de dólares al año para el sistema estatal. En California, legisladores advirtieron que programas de salud reproductiva y preventiva están en riesgo inminente.
Desde la Casa Blanca, el argumento oficial sostiene que los cambios buscan “eliminar fraudes, aplicar requisitos justos y garantizar que Medicaid proteja a los verdaderamente vulnerables”. Sin embargo, expertos advierten que la reducción de cobertura afectará principalmente a comunidades de bajos ingresos y minorías raciales, incrementando la desigualdad sanitaria.
Futuro incierto para la salud pública
Los recortes a Medicaid entrarán en vigor formalmente en 2026, después de las elecciones legislativas, aunque ya existen programas afectados. Las proyecciones indican que los estados podrían:
- Revertir expansiones de Medicaid para reducir costos.
- Incrementar impuestos locales para sostener servicios básicos.
- Recortar inversiones en salud preventiva y en investigación científica.
- Aumentar la carga de hospitales públicos y organizaciones comunitarias.
El desafío será mantener la cobertura y la calidad del sistema sin sacrificar sostenibilidad fiscal. De lo contrario, Estados Unidos podría enfrentar un retroceso en indicadores de equidad y protección social en salud.
La salud pública ante un futuro incierto
La One Big Beautiful Bill redefine la distribución de responsabilidades entre el gobierno federal y los estados, trasladando costos que comprometen la estabilidad de Medicaid y de programas de salud pública. La cancelación de iniciativas comunitarias, la reducción de fondos para investigación y el riesgo de pérdida de cobertura para millones de personas anticipan un escenario de desigualdad creciente. El reto inmediato será determinar si los estados cuentan con la capacidad política y fiscal para sostener la atención sanitaria sin profundizar la brecha en el acceso a la salud.
