La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, negó categóricamente que su gobierno haya recortado el presupuesto destinado al sector salud. Desde Palacio Nacional, aseguró que los supuestos ajustes corresponden únicamente a un cambio en la forma de presentar los datos, con el fin de “facilitar los procesos administrativos y reducir la burocracia”.
Sin embargo, análisis de organismos independientes como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y México Evalúa advierten que detrás de este reacomodo contable podría existir una disminución real en el gasto público sanitario, especialmente en los programas de atención primaria y prevención dirigidos a la población sin seguridad social. La controversia surge en un momento clave para el sistema de salud mexicano, que busca consolidar la cobertura universal bajo el modelo IMSS-Bienestar.
El gobierno niega recortes y habla de “reordenamiento presupuestal”
Durante su conferencia matutina Sheinbaum Pardo insistió en que el sector salud “es uno de los que mayor incremento presenta dentro del Presupuesto de Egresos 2025”.
“No hay recorte en salud; lo que hay es una nueva forma de presentar los datos. Los recursos se concentran en el IMSS-Bienestar para evitar duplicidades, trámites y demoras”, explicó la mandataria.
De acuerdo con la Presidencia, la nueva estructura presupuestaria agrupa fondos federales dispersos en un solo esquema operativo, con el propósito de acelerar compras públicas, reducir tiempos de contratación y garantizar que los recursos lleguen directamente a los servicios médicos.
Sheinbaum sostuvo que la prioridad de su administración es fortalecer la atención primaria, mejorar los hospitales regionales y expandir las Farmacias del Bienestar, con el objetivo de asegurar medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
Cifras oficiales bajo escrutinio: los datos no coinciden
Pese a la versión oficial, los análisis del CIEP revelan una lectura diferente. En su estudio “Gasto para salud en 2025 recortes en hospitales y para población sin seguridad social”, el centro advierte que el presupuesto federal destinado a salud asciende a 918.4 mil millones de pesos, lo que representa una disminución real del 11% respecto a 2024 y equivale apenas al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del umbral mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es del 6% del PIB.
México Evalúa complementa el diagnóstico, aunque el gasto nominal en salud ha crecido desde 2018, el presupuesto per cápita sigue estancado, y la mayor parte del aumento se concentra en gasto administrativo o de nómina, no en inversión médica ni ampliación de infraestructura.
Estos hallazgos sugieren que el aparente incremento presupuestal anunciado por el Ejecutivo no necesariamente se traduce en más recursos efectivos para hospitales, programas de vacunación o centros de salud comunitarios.
Impacto directo: menos recursos para la población sin seguridad social
El documento del CIEP detalla que el programa de salud de la Secretaría de Salud federal experimentaría una reducción del 34% (34.421 millones de pesos) en comparación con el año anterior.
En contraste, el IMSS-Bienestar recibiría un incremento de 31.207 millones de pesos, lo que no compensa la pérdida de fondos estatales destinados a la atención de la población sin afiliación formal.
El efecto práctico es que los estados y hospitales públicos con mayores niveles de marginación verán una presión creciente sobre sus recursos, con riesgo de desabasto de medicamentos y menor cobertura en zonas rurales.
Especialistas en políticas sanitarias consultados por El País y Animal Político advirtieron que el cambio de rubros “podría derivar en inequidades territoriales, ya que las entidades más dependientes de fondos federales son también las que enfrentan mayor carga de enfermedades crónicas y menor capacidad hospitalaria”.
El reto estructural: invertir más en prevención y atención primaria
A pesar de los anuncios sobre expansión de infraestructura y tecnología médica, la realidad financiera muestra una tendencia preocupante, México sigue destinando menos de la mitad del estándar internacional al gasto público en salud.
De acuerdo con la OMS, invertir al menos el 6% del PIB en salud pública es condición básica para garantizar cobertura universal y sostenibilidad. Sin embargo, el país permanece por debajo del 3%, lo que limita la capacidad para financiar programas de detección temprana, vacunación y enfermedades crónicas.
La presidenta Sheinbaum ha insistido en que su prioridad es la atención primaria, pero sin un aumento real del presupuesto, los centros de primer nivel seguirán enfrentando carencias de personal, equipamiento y medicamentos básicos, lo que debilita la estrategia preventiva y sobrecarga los hospitales de segundo y tercer nivel.
Transparencia y seguimiento: el nuevo campo de batalla en el gasto sanitario
Más allá del debate semántico sobre si hay o no recorte, el consenso entre analistas es claro: la transparencia en la ejecución del gasto será determinante para evaluar la política sanitaria del nuevo gobierno.
La reasignación de partidas, la concentración de fondos en el IMSS-Bienestar y la falta de indicadores unificados de desempeño dificultan el monitoreo ciudadano y la rendición de cuentas.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 con reasignaciones por 18.000 millones de pesos a otros rubros, lo que refuerza las dudas sobre la prioridad real que el Ejecutivo otorga a la salud pública.
Salud bajo la lupa en el arranque del sexenio
El debate sobre el presupuesto de salud marca el primer gran pulso entre el discurso presidencial y la evidencia técnica. Mientras la administración Sheinbaum insiste en que no existen recortes y que los cambios buscan eficiencia, los informes del CIEP y México Evalúa demuestran un ajuste real que podría afectar la cobertura, la prevención y la equidad territorial.
El sistema de salud mexicano enfrenta, así, una paradoja estructural: más promesas de expansión, pero menos recursos medibles.
El desafío inmediato será comprobar si la simplificación administrativa prometida se traduce en más camas, medicamentos disponibles y médicos en zonas rurales, o si la política de austeridad terminará profundizando las brechas que separan el derecho a la salud de su cumplimiento efectivo.
