El sistema de salud en México atraviesa un periodo de transformaciones y retos. Con la implementación de nuevos modelos de atención, la reorganización de instituciones y los desafíos pospandemia, el acceso a servicios médicos de calidad sigue siendo una preocupación central. Aunque se han realizado esfuerzos para ampliar la cobertura y garantizar el suministro de medicamentos, persisten barreras en infraestructura, financiamiento y distribución de recursos, afectando la atención a millones de ciudadanos.
Actualmente, el sistema mexicano opera bajo tres esquemas principales: seguros sociales, servicios de salud para no asegurados y el sector privado. Sin embargo, la falta de coordinación entre ellos ha generado inequidades en la atención, con diferencias notables en la calidad y en los tiempos de espera. Mientras que las instituciones de seguridad social funcionan con estructuras de hace más de 70 años, la población sin cobertura sigue dependiendo de servicios estatales con recursos limitados.
Características de los esquemas y su integración en el sistema de salud en México
El sistema de seguro social en México está bajo la administración de instituciones nacionales altamente centralizadas, mientras que la atención para la población no asegurada recae en autoridades estatales y federales, así como en distintos prestadores de servicios de salud. La principal entidad de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sigue operando bajo un modelo corporativista heredado de la década de 1940, el cual no se ha adaptado completamente a las demandas y desafíos del siglo XXI.
El sector privado, por su parte, se impulsó como consecuencia de la pandemia. De acuerdo con México Cómo Vamos, en 2018, el 51 % de las unidades de salud operaban en el sector público, mientras que el 49 % pertenecía al sector privado. Pero, para 2022, la balanza se inclinó drásticamente, con un 37 % de unidades públicas y un 63 % de privadas. Esto ha llevado a que seis de cada diez pacientes recurran al sector privado, lo que ha disparado el gasto de bolsillo en salud, alcanzando casi el 40 % del gasto total.
Pese a que las autoridades de México han aumentado el gasto público en salud, lo cierto es que el gasto de bolsillo de la población es mayor al de otros países, en comparación con otros sistemas de salud más eficientes, incluso en países con niveles de desarrollo similares o inferiores. Sin ir más lejos, en 2024 llegó hasta el 49.4%, el más elevado de la OCDE.
Esto significa que, de cada 100 pesos destinados a la atención médica, aproximadamente 50 provienen directamente del bolsillo de las familias mexicanas. Esta situación vulnera la estabilidad financiera de los hogares, especialmente cuando deben enfrentar gastos médicos imprevistos o de emergencia.
Por supuesto, el gasto de bolsillo no es equitativo entre la población. Los afiliados al IMSS destinan, en promedio, 5,350 pesos anuales a gastos médicos, mientras que quienes están inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrentan un desembolso promedio de 9,881 pesos al año. Estas diferencias evidencian la variabilidad en los costos de atención que deben asumir los pacientes, dependiendo del sistema de seguridad social al que pertenezcan.
Inequidad en la prestación de servicios, la gran dificultad del sistema de salud de México que sigue sin respuesta
De acuerdo con el estudio Mexico Health System Review, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2020, la segmentación sigue siendo una barrera fundamental para responder a las nuevas necesidades y demandas de atención médica. Además, limita la inversión y el gasto público en salud, genera insatisfacción en los servicios y ha impulsado el crecimiento de un sector privado desregulado y descoordinado.
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de salud en México es la falta de eficiencia en el uso de los recursos financieros, lo que limita la cobertura y calidad de los servicios. A pesar del incremento en el gasto público en salud, la fragmentación en la administración de los recursos ha generado ineficiencias y desigualdades en la atención médica. Además, la gestión de la información sigue siendo deficiente, ya que no hay un sistema nacional integrado que permita compartir datos clínicos entre las distintas instituciones de salud.
La ausencia de una planificación unificada también se refleja en la distribución de recursos humanos, con regiones donde hay un déficit grave de médicos y personal especializado, mientras que en otras zonas hay un excedente. Estas desigualdades han convertido la atención en salud en un privilegio más que en un derecho, dejando a millones de personas en situación de vulnerabilidad.
En esa medida, expertos sectoriales coinciden en que es fundamental avanzar hacia un modelo integrado, donde el acceso a los servicios no dependa de la afiliación a una institución específica, sino de las necesidades reales de la población. Esto implica reforzar la regulación del sector privado, mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y garantizar que la atención médica sea accesible para todos los ciudadanos.
Para mejorar el sistema de salud en México es esencial ubicar al paciente en el centro de las políticas públicas. Esto implica desarrollar modelos de atención integral que prioricen las necesidades del paciente, así como implementar evaluaciones de tecnologías en salud para integrar innovaciones que mejoren la calidad de la atención.
Otra propuesta relevante es la contratación de más personal médico, especialmente en áreas rurales y desatendidas. El programa «Médicos para el Bienestar» prevé la incorporación de profesionales de la salud ofreciendo salarios competitivos y beneficios adicionales, con el objetivo de garantizar una atención de calidad en todo el país.
Finalmente, la modernización del sector salud a través de la integración de todas las instituciones en un Sistema Nacional de Salud Pública es una medida esencial. Esta integración busca incrementar la capacidad de atención y asegurar que todas las clínicas y hospitales cuenten con los insumos necesarios, garantizando una atención médica equitativa y de calidad para toda la población.
