El Gobierno iniciará desde agosto de 2026 el escalamiento nacional de Farmacias del Bienestar, después de operar una primera etapa en el Estado de México, con el objetivo de entregar gratuitamente medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad atendidos por Salud Casa por Casa. El modelo combinará recetas emitidas por personal de enfermería, centros de salud, Tiendas del Bienestar, dispensadores automatizados y, como último canal ante la falta de existencias, una eventual red de farmacias privadas.
El anuncio amplía el alcance operativo de Farmacias del Bienestar. El programa pasaría de una primera etapa concentrada en el Estado de México, con módulos vinculados a Salud Casa por Casa, centros de salud y Tiendas de Alimentación para el Bienestar, a una red nacional con varios canales de entrega de medicamentos.
“Ese es el esquema de lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa mañanera del 23 de junio.
Enfermería tendrá un papel mayor en la prescripción
La expansión dependerá de un cambio operativo relevante para el primer nivel de atención: el personal de enfermería no se limitará a visitar, medir signos vitales y detectar riesgos, sino que tendrá mayor participación en la prescripción de los medicamentos contemplados por el programa.
Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud, informó que en el Estado de México las enfermeras y enfermeros comenzaron a emitir recetas desde principios de 2026.
“Llevamos más de 100 mil recetas […] y hemos capacitado casi 15 mil enfermeras y enfermeros”, señaló el funcionario. Según su explicación, desde agosto se aplicarán ajustes para ampliar esa capacidad prescriptiva y comenzar el despliegue nacional.
La novedad no consiste en crear desde cero la facultad legal de prescripción para enfermería. El artículo 28 Bis de la Ley General de Salud ya incluye a los licenciados en Enfermería entre los profesionales autorizados para prescribir, pero limita esa competencia a los medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
El cambio relevante es su aplicación a gran escala dentro de un programa domiciliario nacional. Esto exige precisar cuáles profesionales podrán recetar, qué medicamentos estarán autorizados, bajo qué protocolos clínicos, cuándo deberán consultar a un médico y cómo quedará documentada cada decisión en el expediente clínico.
Durante la conferencia se explicó que el personal de Salud Casa por Casa dispone de un centro médico remoto al que puede consultar por teléfono o videollamada. Sin embargo, el Gobierno no presentó el catálogo ampliado de medicamentos, los criterios de referencia médica ni los lineamientos clínicos que acompañarán la expansión de la prescripción.
Por tanto, el anuncio amplía el papel operativo de enfermería, pero no puede interpretarse como una autorización general para prescribir cualquier medicamento.
De los módulos físicos a una red multicanal
El modelo probado en el Estado de México se apoyaba principalmente en módulos ubicados en unidades del IMSS, IMSS Bienestar y Tiendas del Bienestar. En diciembre de 2025, el Gobierno había anunciado 500 puntos de atención y un catálogo inicial de 22 medicamentos para diabetes, hipertensión y dislipidemias, con tratamientos que podían cubrir hasta dos meses. También había establecido marzo de 2026 como meta para extender el programa al resto del país.
La información presentada ahora muestra que ese despliegue nacional no ocurrió en el plazo inicialmente anunciado. El Gobierno comenzará el escalamiento en agosto, cinco meses después de la meta fijada públicamente.
También existe una diferencia pendiente de aclaración sobre el tamaño del piloto. Mientras el lanzamiento oficial de diciembre habló de 500 puntos en el Estado de México, Clark señaló en la conferencia que actualmente existen “cerca de 400” módulos y dijo que posteriormente entregaría la cifra exacta.
Estas variaciones importan porque el programa comienza su expansión sin que se conozca todavía una evaluación pública del piloto: no se informaron tasas de surtimiento completo, recetas rechazadas, faltantes por medicamento, tiempos de entrega, número de pacientes atendidos ni costos por tratamiento dispensado.
La expansión incorpora además una división territorial. Las Tiendas del Bienestar funcionarían como puntos de entrega principalmente en comunidades rurales o apartadas, mientras que las máquinas dispensadoras se instalarían en zonas urbanas para reducir filas y ampliar los horarios de acceso.
“El objetivo es que a partir de agosto, septiembre, ya no solo sean los centros de salud” los puntos disponibles para entregar los medicamentos, explicó Sheinbaum.
Máquinas dispensadoras abren un nuevo frente regulatorio
El Gobierno prevé comenzar en agosto la instalación de dispensadores automatizados de medicamentos. No obstante, todavía se está determinando cuántos equipos se adquirirán, dónde estarán ubicados y qué presupuesto se destinará al proyecto.
Clark sostuvo que el diseño ha sido acompañado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios —Cofepris— y que cada máquina contará con un responsable sanitario encargado de revisar el estado de los medicamentos y su resurtimiento.
“Viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo con las normativas de Cofepris”, aseguró el subsecretario.
La declaración gubernamental no sustituye la publicación de los requisitos técnicos y regulatorios. El modelo deberá resolver cómo se verificará la identidad del paciente, cómo se validará la receta, qué condiciones de temperatura y humedad tendrán los equipos, quién controlará caducidades, cómo se registrará cada entrega y qué procedimiento se aplicará ante fallas mecánicas o informáticas.
También será necesario conocer si los dispensadores estarán conectados en tiempo real con los inventarios públicos y con el expediente clínico. Sin esa integración, una misma receta podría permanecer activa en distintos canales o no existir información oportuna sobre el medicamento efectivamente entregado.
Para proveedores de tecnología médica, software, logística farmacéutica y trazabilidad, el proyecto abre una oportunidad de contratación pública. Por ahora, el Gobierno no ha divulgado procesos de compra, bases técnicas, proveedores seleccionados ni montos presupuestales.
Farmacias privadas podrían convertirse en el último canal de entrega
El componente con mayor impacto para el mercado farmacéutico es la posibilidad de incorporar establecimientos privados. La propuesta es que el beneficiario pueda acudir a una farmacia contratada cuando no haya logrado obtener su medicamento en los canales públicos anteriores.
Sheinbaum explicó que se está revisando una red que garantice precios previamente acordados, para evitar que la falta de inventario público produzca compras a costos excesivos.
“Podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo”, afirmó la presidenta.
El diseño puede abrir un nuevo mercado para farmacias con cobertura territorial y sistemas capaces de validar recetas electrónicas. Al mismo tiempo, puede concentrar la contratación en operadores de gran escala si los requisitos tecnológicos, financieros o logísticos excluyen a establecimientos pequeños.
Existe además un riesgo de incentivos adversos. Si el canal privado recibe un pago por cada receta surtida, el Gobierno deberá demostrar que el medicamento estaba efectivamente agotado en los puntos públicos y evitar que los pacientes sean derivados innecesariamente hacia establecimientos remunerados.
El programa reconoce la falta de medicamentos como parte de su diseño
La creación de varios canales sucesivos tiene una lectura operativa de fondo: Farmacias del Bienestar se está diseñando bajo el supuesto de que un medicamento puede no estar disponible en el primer punto al que acuda el paciente.
El nuevo modelo puede reducir el impacto individual de un faltante, pero no resuelve por sí mismo sus causas. Las máquinas, las Tiendas del Bienestar y las farmacias privadas requieren acceso a inventarios suficientes y a una cadena de distribución que reponga oportunamente los productos.
La efectividad de la estrategia dependerá menos del número de puntos anunciados y más de su tasa real de surtimiento. Una red extensa con inventarios fragmentados puede trasladar al paciente entre distintos establecimientos sin garantizar la entrega.
Para adultos mayores con hipertensión, diabetes o dislipidemias, la principal ganancia potencial es la continuidad del tratamiento sin desplazamientos frecuentes, filas o nuevas consultas para renovar recetas. Para el personal de enfermería, el programa amplía su capacidad resolutiva, pero también aumenta su responsabilidad clínica y documental.
Las unidades públicas podrían reducir la presión sobre sus ventanillas farmacéuticas. Los proveedores tecnológicos y logísticos encontrarían nuevas oportunidades, mientras que las farmacias privadas podrían incorporarse como prestadores complementarios. Todos estos efectos dependerán de reglas que todavía no se conocen.
