La administración del expresidente Donald Trump anuló oficialmente una directriz de la era Biden que garantizaba la posibilidad de realizar abortos en contextos de emergencia médica para salvar la vida o preservar la salud de una mujer embarazada, incluso en estados donde la práctica está prohibida. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron esta revocatoria, indicando que la política previa “no reflejaba la política de esta Administración”.
La directriz, implementada en julio de 2022 tras la revocación del caso Roe vs Wade, establecía que la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA) tenía supremacía sobre las leyes estatales. Esta ley federal obliga a los hospitales que reciben fondos de Medicare a ofrecer atención estabilizadora en situaciones de urgencia, incluidos los abortos si fueran clínicamente necesarios.
Sin embargo, la nueva postura del CMS no aclara si los hospitales pueden ahora negarse explícitamente a practicar abortos en situaciones de urgencia, lo que genera incertidumbre entre el personal de salud. La agencia indicó que seguirá aplicando la EMTALA “en casos de emergencias médicas identificadas que pongan en grave peligro la salud de una mujer embarazada o de su hijo por nacer”, sin definir cómo se concilia esta obligación con las prohibiciones estatales.
El caso Thurman y el riesgo de la ambigüedad legal
La confusión legal que podría resultar de esta política fue ilustrada por el caso de Kyleigh Thurman, una mujer de 36 años que sufrió la ruptura de una trompa de Falopio tras ser enviada a casa sin diagnóstico preciso, a pesar de presentar signos clínicos de un embarazo ectópico. Según una investigación federal, el hospital violó la EMTALA al no brindar atención de inmediato. Su historia evidencia el peligro real de la falta de lineamientos claros en estados con leyes restrictivas.
Expertos como Lawrence O. Gostin, de la Universidad de Georgetown, han advertido que la decisión “da luz verde a los hospitales en estados republicanos para que rechacen a las mujeres embarazadas que están en peligro”. Dana Sussman, vicepresidenta de Pregnancy Justice, fue más contundente: “Sabemos que morirán más mujeres, y probablemente haya mujeres que hayan muerto, y nunca sabremos sus nombres”.
Profesionales de la salud bajo presión legal y ética
Según Kelly Gillespie, del Centro de Estudios de Derecho de la Salud de la Universidad de Saint Louis, esta revocación pone a los profesionales médicos en una posición de vulnerabilidad. “Los proveedores son simplemente humanos. Es natural que eviten cualquier cosa que pueda ponerlos en serios problemas legales”.
Bajo la directriz de Biden, los hospitales contaban con una guía federal clara para actuar sin temor a represalias legales estatales. La eliminación de esta directriz genera un vacío que podría resultar en la inacción de médicos por miedo a ser procesados, incluso en contextos donde la vida de la paciente está en riesgo.
Confusión, desigualdad y consecuencias sanitarias
Mary Ziegler, historiadora del debate sobre el aborto en EE. UU., señaló: “Cuanto más reacios estén los médicos a intervenir, mayor es el riesgo en el embarazo”. Esto es particularmente grave en un país donde la mortalidad materna ha aumentado en la última década y las disparidades raciales en salud reproductiva persisten.
Una investigación de ProPublica reveló al menos cinco muertes directamente asociadas a la prohibición del aborto desde la caída de Roe vs Wade. La comunidad médica teme que este número sea solo la punta del iceberg, y que la incertidumbre jurídica continúe desincentivando la atención oportuna.
Derechos frente a ideologías
Mientras defensores del derecho al aborto como Nancy Northup afirman que “la Administración Trump preferiría que las mujeres murieran en urgencias antes que recibir abortos que les salvarían la vida”, los sectores conservadores celebran la decisión. “En situaciones donde cada minuto cuenta, sus mentiras provocan retrasos en la atención”, declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America.
Desde la Heritage Foundation, Roger Severino expresó que “el presidente Trump prometió desmantelar el radicalismo abortista heredado de su predecesor, y hoy otro mandato abortista se desvanece”.
Implicaciones para el sector salud: ¿y ahora qué?
Para hospitales, clínicas y centros de atención en salud materna, esta revocatoria representa un desafío operativo, ético y jurídico. Las salas de emergencia, en particular, podrían enfrentar dilemas clínicos ante casos de embarazos de riesgo que requieran intervención inmediata, sin el respaldo legal que brindaba la directriz federal anterior.
Aunque CMS insiste en que la EMTALA seguirá vigente, la falta de claridad puede derivar en protocolos fragmentados, aumento de litigios y menor acceso a servicios críticos. Organizaciones médicas y defensoras de derechos humanos han solicitado que el Congreso actúe para reforzar las garantías federales de atención en salud reproductiva.
