El Gobierno de México evalúa incorporar farmacias convenidas, incluidas privadas, como mecanismo complementario para la entrega gratuita de medicamentos a personas adultas mayores dentro del programa Salud Casa por Casa. La ruta sería excepcional y operaría solo después de agotar las opciones públicas de surtimiento. El anuncio abre preguntas regulatorias, operativas y de control de costos para el sistema de salud mexicano.
Salud Casa por Casa y Farmacias del Bienestar: una ruta escalonada de abasto
El programa Salud Casa por Casa avanza hacia una fase de mayor articulación entre visita domiciliaria, prescripción por personal de enfermería y entrega gratuita de medicamentos. De acuerdo con lo informado en la conferencia presidencial de este pasado 23 de junio, el modelo contempla que las personas atendidas reciban una receta y puedan surtirla, en primer lugar, en centros de salud o módulos asociados a Farmacias del Bienestar.
En zonas rurales, la ruta podría incluir tiendas de Alimentación para el Bienestar, mientras que en zonas urbanas se prevé el uso de máquinas dispensadoras para medicamentos básicos. La opción de acudir a farmacias convenidas aparecería únicamente cuando el paciente no encuentre el medicamento en los puntos previos.
El matiz es importante: la participación de farmacias privadas no fue presentada como una sustitución del sistema público de abasto, sino como una opción complementaria y condicionada. La propia Presidencia en cabeza de Claudia Sheinbaum señaló que esta posibilidad está en revisión y que solo tendría sentido si las farmacias garantizan precios bajos o costos previamente acordados.
Prescripción por enfermería: escalamiento nacional desde agosto
Uno de los cambios más relevantes está en la capacidad de prescripción del personal de enfermería vinculado a Salud Casa por Casa. En el Estado de México, donde inició el piloto, las enfermeras y enfermeros ya comenzaron a emitir recetas desde inicios de año. Según lo informado por el subsecretario Eduardo Clark, en esa etapa se han generado más de 100.000 recetas.
La autoridad también señaló que casi 15.000 enfermeras y enfermeros han sido capacitados para ampliar el proceso, con el objetivo de iniciar un escalamiento nacional a partir de agosto. Esto no debe leerse como una liberalización general de la prescripción, sino como una expansión operativa dentro de un programa específico, con necesidad de protocolos, trazabilidad, auditoría clínica y acompañamiento médico a distancia.
La Presidencia explicó que el personal de Salud Casa por Casa cuenta con apoyo remoto de médicos para consultar casos, identificar condiciones clínicas y orientar decisiones. En este punto, la calidad del modelo dependerá de la estandarización de criterios, del registro digital de las recetas y de la vigilancia de posibles errores de prescripción o duplicidades terapéuticas.
Cobertura operativa: 11 millones de adultos mayores visitados
La conferencia entregó una cifra clave para dimensionar el alcance: el programa ha visitado a 11 millones de adultos mayores, de un universo estimado por la autoridad en 14 millones. La diferencia, según la explicación oficial, corresponde principalmente a personas que no han querido recibir la visita, dado que la participación es voluntaria.
Además, el programa opera con cerca de 20.000 enfermeras, enfermeros y, en algunos casos, médicas y médicos. Este volumen muestra que la discusión no es marginal: cualquier decisión sobre prescripción, dispensación y red de farmacias impactaría una operación nacional de gran escala.
No obstante, aún no existe una cifra oficial sobre cuántas personas requerirían acudir a farmacias convenidas por falta de disponibilidad en los puntos públicos. Cualquier estimación sobre rezago de surtimiento debe presentarse como escenario hipotético y no como dato oficial.
Acuerdo de costos: condición crítica para evitar incentivos perversos
El elemento más sensible es el precio. La Presidencia fue explícita en advertir que no se permitiría un esquema en el que el medicamento termine comprándose a precios varias veces superiores al valor de referencia. Por ello, la eventual participación de farmacias privadas dependería de acuerdos de costos o precios convenidos.
El reto operativo será definir quién paga, bajo qué precio, con qué evidencia de no surtimiento previo y mediante qué mecanismo de auditoría. Sin un tabulador o regla pública, el riesgo es que la implementación sea heterogénea entre territorios, cadenas farmacéuticas y farmacias independientes.
Implicaciones para el sector público y privado
Para las instituciones públicas, el modelo exige interoperabilidad entre receta, punto de dispensación y registro de entrega. También implica documentar cuándo un paciente agotó la ruta pública antes de acudir a una farmacia convenida.
Para las farmacias privadas, la participación eventual podría representar demanda adicional, pero sujeta a condiciones de precio, trazabilidad y validación administrativa. La oportunidad dependerá del volumen real de pacientes que no logren recibir sus medicamentos en los canales públicos.
Para los pacientes, el beneficio potencial es claro: evitar gasto de bolsillo cuando el medicamento no esté disponible en el primer punto de surtimiento. Sin embargo, esa promesa dependerá de reglas simples, cobertura territorial suficiente y disponibilidad efectiva de los medicamentos.
Vacíos pendientes antes del escalamiento
El anuncio deja preguntas abiertas: lista de farmacias participantes, criterios de adhesión, tabulador de precios, procedimiento para acreditar el no surtimiento, interoperabilidad de la receta, mecanismos de pago, sanciones por incumplimiento y alcance exacto de los medicamentos cubiertos.
El próximo hito será conocer si las autoridades publican reglas de operación antes del arranque nacional previsto para agosto y septiembre. Sin esos instrumentos, el componente de farmacias convenidas podría convertirse en una excepción difícil de auditar, más que en una solución estructurada de acceso.
