La Secretaría de Salud y el Gobierno de Baja California formalizaron el Convenio-SaNAS-BC/2026, un instrumento específico de coordinación para la transferencia de insumos y la ministración de recursos presupuestarios federales destinados a acciones de salud pública en la entidad.
El objeto central del convenio es ministrar subsidios e insumos federales a Baja California para que la entidad realice acciones en materia de salud pública consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Salud. Estas acciones deberán ejecutarse mediante intervenciones transversales y funcionales orientadas al cumplimiento de indicadores, metas para el bienestar y parámetros de los programas establecidos.
Desde una perspectiva de gestión sanitaria, el convenio no representa una transferencia de libre destinación. Los recursos e insumos deberán aplicarse exclusivamente en los programas definidos en los anexos del instrumento, bajo mecanismos de comprobación, seguimiento técnico y rendición de cuentas.
Vacunación Universal concentra el mayor componente de insumos
El monto total máximo a cargo de la Secretaría de Salud asciende a $302.852.239,92 pesos. De esa cifra, $69.873.872,29 corresponden a recursos presupuestarios federales y $232.978.367,63 a insumos federales. La distribución muestra una alta concentración en insumos, especialmente en el programa de Vacunación Universal.
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia tiene asignados $202.520.356,80 pesos en insumos federales para Vacunación Universal, lo que convierte este rubro en el componente financiero más relevante del convenio. Este dato es consistente con el enfoque del Programa Sectorial de Salud, que incluye programas eficaces y universales de vacunación durante todo el curso de vida como parte de las estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Otro bloque importante corresponde al Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, con un subtotal de $43.804.279,38 pesos. Dentro de este componente se incluyen acciones de salud sexual y reproductiva, salud materna, salud perinatal, planificación familiar y anticoncepción, aborto seguro, violencia de género, prevención y control del cáncer, igualdad de género e igualdad sustantiva en salud.
El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades registra un subtotal de $32.235.739,52 pesos, orientado a programas como prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes, enfermedades transmitidas por vectores, dengue, tuberculosis y lepra, emergencias en salud, enfermedades cardiometabólicas, envejecimiento, salud bucal y enfermedades diarreicas agudas.
VIH, hepatitis, epidemiología y prevención de accidentes también reciben asignación
El convenio también contempla recursos para el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis. Este componente suma $17.382.147,42 pesos, distribuidos entre VIH y otras infecciones de transmisión sexual, con $14.825.788,14 pesos, y virus de hepatitis C, con $2.556.359,28 pesos.
La Dirección General de Políticas en Salud Pública tiene asignados $3.872.395,58 pesos para intervenciones relacionadas con comunidades y municipios, estilos de vida saludables, curso de vida, movilidad humana, salud ambiental y comunicación en salud pública.
En vigilancia epidemiológica, el convenio prevé $1.448.403 pesos a través de la Dirección General de Epidemiología. De este total, $711.803 pesos corresponden a vigilancia epidemiológica y $736.600 pesos a vigilancia en salud pública por laboratorio, incluyendo $90.907 pesos en insumos federales.
El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes cuenta con $774.908,60 pesos para prevención y atención de lesiones no intencionales, con componentes específicos en prevención de accidentes y prevención de lesiones. Adicionalmente, la Dirección General del Servicio Nacional de Salud Pública tiene asignados $814.009,62 pesos para coordinación territorial y participación comunitaria en salud pública.
Control, comprobación y obligaciones para la entidad
El convenio establece mecanismos estrictos para el manejo de recursos federales. Los recursos presupuestarios deberán radicarse a la Secretaría de Hacienda de Baja California en una cuenta bancaria productiva, única y específica. Posteriormente, la Secretaría de Hacienda estatal deberá ministrarlos a la Secretaría de Salud de la entidad junto con los rendimientos financieros generados, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
La entidad deberá aplicar la totalidad de los recursos e insumos exclusivamente a las acciones de salud pública previstas. También tendrá que registrar la recepción, comprobación y avance del gasto en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.
Entre sus obligaciones se incluye entregar certificados de gasto, conservar documentación comprobatoria técnica, administrativa y financiera, reportar avances trimestrales, integrar información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y registrar datos para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y sistemas específicos de información.
En el caso de los insumos, Baja California deberá garantizar un manejo adecuado del ciclo logístico, conservar y distribuir oportunamente los bienes recibidos, mantener en condiciones óptimas los sistemas de red de frío y vigilar la vigencia de los insumos federales de aplicación directa a la población.
Rendición de cuentas y seguimiento técnico
La Secretaría de Salud federal podrá verificar, supervisar, dar seguimiento, informar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad, así como la aplicación y destino de los recursos. También podrá realizar visitas de supervisión o reuniones de seguimiento, presenciales o virtuales, y aplicar medidas en caso de incumplimiento.
El convenio advierte que los recursos e insumos no destinados en tiempo y forma podrán considerarse ociosos, lo que habilitaría su devolución o reasignación. Además, los recursos no devengados al cierre del ejercicio deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, junto con los rendimientos financieros correspondientes.
Para Baja California, el convenio representa una asignación relevante para sostener programas preventivos, vigilancia, vacunación, salud sexual y reproductiva, control de enfermedades y respuesta territorial. Para el sistema de salud, el reto estará en traducir estos recursos e insumos en cobertura efectiva, ejecución oportuna, cumplimiento de metas y trazabilidad pública de los resultados.
