La Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis, CENSIDA, reconoció que la derogación del delito “Del peligro de contagio” contribuiría a fortalecer la salud pública y los derechos humanos. El planteamiento se inscribe en una visión de respuesta integral al VIH que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas y que busca reducir las barreras de acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.
El pronunciamiento parte de una premisa sanitaria relevante: penalizar una condición de salud no reduce las nuevas infecciones ni fortalece las estrategias de prevención. Por el contrario, puede generar efectos adversos al aumentar el temor a las consecuencias legales, reforzar el estigma y desalentar la realización voluntaria de pruebas diagnósticas.
CENSIDA llama a una respuesta integral centrada en las personas
CENSIDA reiteró la necesidad de consolidar una respuesta integral que fortalezca la prevención combinada y reduzca las desigualdades que limitan el acceso efectivo a servicios de salud libres de discriminación. Esta visión implica reconocer que la respuesta al VIH no depende de una sola intervención, sino de un conjunto articulado de acciones sanitarias, educativas, clínicas y normativas.
La Secretaría de Salud señaló que estas acciones requieren la participación coordinada de los tres poderes del Estado. En ese marco, el Poder Legislativo tiene un papel relevante en la construcción de normas que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su condición de salud.
El punto central no es únicamente jurídico. Para el sector salud, la derogación de figuras penales asociadas al contagio se vincula con la posibilidad de crear entornos más seguros para que las personas conozcan su estado serológico, accedan a pruebas, reciban orientación y se incorporen a tratamiento sin temor a ser estigmatizadas o criminalizadas.
Criminalización, estigma y acceso a servicios de salud
La experiencia nacional e internacional citada por la Secretaría de Salud indica que la criminalización asociada a determinadas condiciones de salud puede debilitar las estrategias de prevención y control epidemiológico. El temor a consecuencias legales, combinado con el estigma y la discriminación, puede desincentivar la realización voluntaria de pruebas, el acceso a herramientas de prevención y la vinculación temprana a servicios de salud.
Este efecto resulta especialmente relevante en enfermedades como el VIH, donde el diagnóstico oportuno, el inicio de tratamiento y la continuidad terapéutica son pilares de la respuesta sanitaria. Si una persona evita realizarse una prueba por miedo a ser señalada o penalizada, el sistema pierde una oportunidad de prevención, atención y control.
Diversos organismos nacionales, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH; y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han advertido sobre los impactos adversos de la criminalización. A nivel internacional, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también han señalado que estas medidas pueden reforzar el estigma, desalentar el diagnóstico voluntario y limitar el acceso oportuno a atención y tratamiento.
VIH: evidencia científica y principio Indetectable = Intransmisible
La política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de las personas. En este contexto, la Secretaría de Salud recordó un principio respaldado por la evidencia científica: una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.
Este principio, reconocido internacionalmente como Indetectable = Intransmisible, o I=I, tiene implicaciones directas para la política pública y para la práctica clínica. Permite orientar la comunicación sanitaria con base científica, reduce el estigma hacia las personas que viven con VIH y refuerza la importancia de garantizar el acceso continuo al tratamiento antirretroviral.
Para médicos, personal de salud, administradores de servicios y tomadores de decisiones, I=I también representa un recordatorio sobre el valor sanitario de la continuidad asistencial. El tratamiento oportuno no solo beneficia a la persona que vive con VIH, sino que forma parte de una estrategia efectiva de prevención poblacional.
Prevención combinada: condón, PrEP, PEP, pruebas y tratamiento
La derogación del delito “Del peligro de contagio”, según el enfoque planteado por la Secretaría de Salud, fortalecería acciones de salud pública basadas en corresponsabilidad, educación integral en salud sexual y acceso a herramientas de prevención.
Entre esas herramientas se encuentran el uso del condón, la profilaxis preexposición, PrEP; la profilaxis posexposición, PEP; las pruebas de detección y el tratamiento oportuno. Este conjunto de intervenciones corresponde al enfoque de prevención combinada, que permite adaptar la respuesta sanitaria a diferentes necesidades, contextos y riesgos.
La relevancia de este enfoque radica en que desplaza la respuesta desde la sanción hacia la prevención efectiva. En lugar de promover temor o castigo, busca ampliar información, facilitar el diagnóstico, asegurar tratamiento y generar condiciones para que las personas tomen decisiones informadas sobre su salud sexual.
Una medida orientada a entornos seguros e inclusivos
La Secretaría de Salud planteó que la derogación contribuiría a generar entornos más seguros e inclusivos para que las personas puedan conocer su estado serológico y vincularse a los servicios sin temor a ser criminalizadas. Este punto resulta esencial para avanzar hacia las metas nacionales e internacionales orientadas a poner fin al VIH como problema de salud pública.
El pronunciamiento también establece una diferencia de fondo entre protección sanitaria y criminalización. La protección de la salud pública se fortalece mediante acceso a información, prevención, diagnóstico, tratamiento y respeto irrestricto de los derechos humanos. La criminalización, en cambio, puede convertirse en una barrera para la atención y en un obstáculo para el control epidemiológico.
