En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, seis agencias de Naciones Unidas advirtieron que 4,5 millones de niñas podrían estar en riesgo de sufrir esta práctica en 2026, en un contexto marcado por disminución de la inversión global, recortes de financiación y narrativas que buscan “normalizar” su realización, incluso desde el sector salud.
Una declaración conjunta firmada por UNFPA, UNICEF, ACNUDH, ONU Mujeres, OMS y UNESCO reiteró que la mutilación genital femenina (MGF) constituye una violación de derechos humanos y “no puede justificarse bajo ningún concepto”, al tiempo que compromete de forma directa la salud física y mental de niñas y mujeres.
La dimensión del problema: riesgo en 2026 y consecuencias acumuladas
La declaración estima que 4,5 millones de niñas muchas de ellas menores de cinco años podrían enfrentar riesgo de mutilación genital femenina en 2026. Este dato se suma a una cifra ya consolidada: más de 230 millones de niñas y mujeres viven actualmente con consecuencias de la MGF, descritas como efectos que pueden durar toda la vida.
En el plano sanitario y económico, los firmantes subrayan que la práctica puede ocasionar complicaciones graves a largo plazo y que los costos del tratamiento asociados a estas complicaciones se calculan en aproximadamente USD 1.400 millones al año. En otras palabras, además del impacto directo en salud y bienestar, la MGF presiona los sistemas de atención mediante una carga de costos sostenida.
Mutilación genital femenina y 2030: un objetivo que se acerca con riesgos crecientes
La declaración enmarca el llamado en la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: poner fin a la mutilación genital femenina para 2030. Aunque se reconoce que el avance histórico fue lento durante décadas, el texto señala una aceleración reciente: la mitad de los avances logrados desde 1990 se alcanzaron en la última década.
Ese periodo también registró un cambio en la prevalencia reportada por la declaración: el número de niñas sometidas a MGF pasó de una de cada dos a una de cada tres. En paralelo, se destaca un indicador social relevante para la sostenibilidad de la eliminación: casi dos tercios de la población en los países donde se practica apoyan su eliminación.
El mensaje, sin embargo, no es triunfalista. La lectura institucional es clara: existe impulso y evidencia de progreso, pero el tramo hacia 2030 coincide con señales de fragilidad por factores de financiación y de legitimación social de la práctica.
Qué estrategias reporta la ONU como efectivas para acelerar la eliminación
La declaración afirma que “se sabe lo que funciona” y enumera estrategias que, desde su perspectiva, han mostrado efectividad para terminar con la MGF. Entre ellas se incluyen:
- Educación para la salud como herramienta para prevenir la práctica y fortalecer decisiones informadas.
- Participación de líderes religiosos y comunitarios, así como de padres, con énfasis en el cambio social desde los entornos donde se reproduce la práctica.
- Involucramiento de trabajadores de la salud como actores de confianza capaces de amplificar mensajes de prevención.
- Uso de medios de comunicación tradicionales y redes sociales para ampliar alcance y sostener la conversación pública.
- Inversión en movimientos impulsados por la comunidad, incluidos movimientos de base y redes de jóvenes, además del refuerzo educativo con enfoques oficiales y comunitarios.
El documento también establece un componente de respuesta para quienes ya han sido sometidas a esta práctica: las agencias plantean la necesidad de garantizar acceso a atención de salud integral y adaptada al contexto, apoyo psicosocial y asistencia jurídica, con el propósito de no limitar la respuesta a la prevención, sino incluir atención y protección.
La lógica de la inversión: costos evitados y retorno social
Uno de los pasajes más concretos del pronunciamiento es el argumento de retorno de inversión. Según la declaración, cada dólar invertido para poner fin a la MGF se multiplica por diez. En esa misma línea, se presenta una estimación de impacto: una inversión de USD 2.800 millones podría prevenir 20 millones de casos y generar un rendimiento de USD 28.000 millones.
En términos de política pública y salud, el planteamiento funciona como un mensaje dual: por un lado, la MGF genera costos sanitarios cuantificables (USD 1.400 millones anuales de tratamiento); por otro, la prevención es presentada como una inversión con rendimiento y capacidad de evitar millones de casos, si se sostiene la financiación.
El punto de quiebre: recortes, menor inversión y el riesgo de “medicalización”
Hacia el cierre, la declaración advierte que los avances acumulados “corren peligro” a medida que se aproxima 2030. El factor principal señalado es la disminución de la inversión y el apoyo a escala mundial. En específico, se menciona que recortes de financiación y reducción de la inversión internacional en programas de salud, educación y protección de la infancia ya están limitando esfuerzos para prevenir la MGF y apoyar a las supervivientes.
El “rechazo creciente y sistemático” a las iniciativas de eliminación, acompañado de argumentos calificados como peligrosos, entre ellos la idea de que la práctica sea realizada por médicos o trabajadores de la salud para “reducir daños”. En la lógica del pronunciamiento, este tipo de planteamientos no solo obstaculiza la eliminación, sino que introduce un riesgo de legitimación de una práctica descrita como violatoria de derechos humanos.
Finalmente, las agencias advierten que sin una financiación adecuada y previsible podrían ocurrir efectos en cadena: recortes en programas de divulgación comunitaria, debilitamiento de servicios de primera línea y pérdida de avances, lo que pondría a “millones de niñas” en una situación de mayor vulnerabilidad precisamente en la etapa decisiva para cumplir la meta de 2030.
Un compromiso reiterado con socios públicos y privados
El pronunciamiento concluye reafirmando el compromiso de las agencias y su intención de trabajar con aliados públicos y privados a nivel local y global, incluida la participación de las supervivientes, para “poner fin” a la mutilación genital femenina de forma definitiva. El mensaje central es inequívoco: existe evidencia de progreso y estrategias identificadas, pero el resultado depende de sostener inversión, protección y coherencia institucional frente a narrativas de retroceso.
