El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reactivó el debate sobre el alto costo de los medicamentos en su país al anunciar una nueva política farmacéutica bajo el modelo de “Nación Más Favorecida”. En una publicación realizada en sus redes sociales el pasado domingo, aseguró que firmaría una orden ejecutiva para implementar esta política a las 9:00 a.m. del lunes, con el objetivo de «traer justicia a Estados Unidos».
“¡Se alzarán en todo el mundo para igualar y, por primera vez en muchos años, traer justicia a Estados Unidos!”, escribió el expresidente, aludiendo a una modificación estructural en la fijación de precios de medicamentos que, según sus estimaciones, podría significar reducciones de entre 30 % y 80 % en el mercado interno.
¿Qué implica el estatus de “Nación Más Favorecida” en el contexto farmacéutico?
La propuesta de Trump se centra en aplicar una política de precios referenciados a nivel internacional, donde el precio de los medicamentos en Estados Unidos se establecería en función del precio más bajo pagado por otros países desarrollados por el mismo producto. Este modelo busca replicar mecanismos utilizados en sistemas de salud europeos, donde el poder de compra estatal regula los precios de los medicamentos de forma más estricta que en el modelo estadounidense.
La figura de “Nación Más Favorecida” (Most Favored Nation, MFN) tiene su origen en el derecho comercial internacional, y su uso en el ámbito farmacéutico no es nuevo. De hecho, durante su primer mandato (2017–2021), Trump ya había propuesto una medida similar, que enfrentó una férrea oposición de la industria farmacéutica y fue finalmente bloqueada por instancias judiciales y regulatorias.
Una ofensiva contra la industria farmacéutica
La nueva propuesta revive la confrontación histórica entre el ala populista del Partido Republicano y los intereses de las grandes farmacéuticas, agrupadas en organizaciones como PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). Estas entidades han argumentado que políticas como la MFN podrían desincentivar la innovación, afectar la rentabilidad de los laboratorios y trasladar el costo del ajuste a otras regiones del mundo.
“La reducción de los costos de los medicamentos recetados en Estados Unidos se vería contrarrestada por costos más altos en otros países”, advirtió el propio Trump, sugiriendo que la iniciativa redistribuiría el peso económico de la industria global.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido declaraciones formales ni detalles sobre la implementación técnica del plan, lo que ha generado incertidumbre sobre su viabilidad real.
Precedentes regulatorios y reacciones del sector
Apenas un mes antes de este anuncio, Trump había firmado una orden ejecutiva que otorga a los estados mayor autonomía para buscar importaciones de medicamentos a precios reducidos, particularmente desde Canadá, y mejorar los mecanismos de negociación de precios con fabricantes. Estas acciones forman parte de una estrategia política orientada a posicionarse frente a un electorado afectado por el alto costo de los tratamientos médicos, especialmente en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer.
Sin embargo, desde una perspectiva técnica, especialistas en salud pública y economía de medicamentos han advertido que la vinculación de precios internacionales podría requerir profundas reformas legislativas en la Ley de Seguridad Social y en el sistema de seguros de salud estadounidense (Medicare y Medicaid), así como enfrentarse a demandas judiciales por parte de empresas afectadas.
Posibles efectos internacionales de la política farmacéutica y en América Latina
Una política de referencia internacional implementada por Estados Unidos podría tener efectos de rebote sobre los precios en otros países, incluidos mercados emergentes como México, Colombia o Brasil, donde los precios de medicamentos de marca están frecuentemente influenciados por los precios de lista en Estados Unidos.
Además, el desbalance económico que puede generarse al trasladar los costos a otros países podría tensar las relaciones comerciales y afectar la disponibilidad de medicamentos, especialmente en sistemas de salud que dependen de compras centralizadas y acuerdos de acceso negociado con la industria.
Aunque el anuncio de Trump tiene un fuerte componente simbólico, orientado a capitalizar el descontento ciudadano frente al sistema de salud estadounidense, los desafíos jurídicos, regulatorios y políticos que enfrenta esta propuesta hacen que su implementación real sea incierta. La experiencia pasada, tanto de su gobierno como de intentos similares en administraciones anteriores, demuestra que cualquier modificación significativa en los precios de medicamentos en EE.UU. debe contar con un amplio respaldo del Congreso, así como con el aval técnico de las agencias como el HHS (Department of Health and Human Services) y el CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services).
Garantizar medicamentos asequibles y proteger el gasto público en salud: nueva estrategia del Gobierno
El Gobierno nacional anunció una medida trascendental orientada a reducir el costo de los medicamentos esenciales y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Mediante un decreto ejecutivo, se introduce el principio de precio justo internacional, el cual busca alinear los valores pagados localmente con los precios de referencia en países comparables.
La nueva regulación instruye al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Salud a establecer mecanismos que impidan prácticas comerciales desleales por parte de otros países o actores internacionales que distorsionan el mercado y trasladan costos excesivos a la población nacional.
Uno de los componentes clave de esta estrategia es la exigencia de mayor transparencia en la fijación de precios por parte de los fabricantes farmacéuticos. A partir de ahora, el precio de referencia será el de nación más favorecida, garantizando condiciones comerciales equitativas para el país, que se ubica entre los principales financiadores globales de medicamentos.
Además, el Ministerio de Salud desarrollará un canal de compra directa entre el Estado, los pacientes y los laboratorios, eliminando intermediarios y permitiendo el acceso a medicamentos a precios preferenciales. En caso de que los fabricantes se nieguen a ofrecer condiciones justas, el Gobierno contempla una respuesta en dos frentes:
- La implementación de una regulación que imponga legalmente precios basados en el modelo de nación más favorecida para todo el sistema de salud.
- La aplicación de medidas regulatorias adicionales orientadas a eliminar prácticas anticompetitivas y reducir significativamente el costo que actualmente enfrentan los ciudadanos para acceder a sus tratamientos.
Esta política marca un avance estructural hacia la equidad farmacéutica, la transparencia en el mercado de medicamentos y la protección efectiva del gasto público en salud, con el objetivo de garantizar el derecho de toda la población a tratamientos efectivos y asequibles.
